Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Superintendencia de Industria y Comercio es producto del crecimiento industrial y económico del siglo XX, y es una forma de regulación estatal que pretende garantizar los intereses de los consumidores como de los productos. Entre sus antecedentes normativos se destaca la Ley 19 de 1958, el Decreto 1653 de 1960 y el Decreto 2562 de 1968 con los cuales se crearon las Superintendencias de Regulación Económica y la Superintendencia Nacional de Precios, que tenían la función de aplicar la política del gobierno en materia de precios.
Para el año 1968 el gobierno nacional creó mediante el Decreto 2974 la Superintendencia de Industria y Comercio, que luego fue reestructurada por el Decreto 2153 de 1992.
La Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades y atribuciones en materia de competencia desleal, prácticas comerciales, protección al consumidor conforme a las disposiciones contenidas en el estatuto del consumidor según la Ley 1480 de 2011, publicidad engañosa, inspección, vigilancia en lo relativo al régimen de libre y leal. Así mismo, también puede vigilar y reglamentar el registro nacional de avaluadores, conocer en forma privativa las investigaciones administrativas, imponer multas y adoptar decisiones administrativas en caso de infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia.
Dentro de la propiedad industrial, la Superintendencia concede derechos sobre nuevas creaciones como las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados; y signos tales como marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales. Así contribuye con la protección de los bienes inmateriales de los comerciantes y empresarios.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
