Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El proyecto de la ley de financiamiento busca que, mediante un IVA plurifásico a las bebidas gaseosas y la cerveza, se obtenga un recaudo de 960.000 millones de pesos. En nuestro país, a través del tiempo y normatividad, los impuestos saludables le han entregado dinero al Estado.
Anif, en su espacio llamado Comentario económico del día, correspondiente al 26 de noviembre de 2018, titulado Impuestos a los vicios en Colombia, explica el consenso global que existe sobre la importancia de los “impuestos saludables”. «El principal argumento se ha centrado en su exitoso efecto disuasivo sobre el consumo nocivo del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas», afirma Anif en su informe.
Frente a lo anterior, Colombia le ha dado el espaldarazo a esta tendencia mundial, elevando dichos impuestos a los vicios. De hecho, durante el proceso de adhesión del país a la OCDE el comité de salud recomendó transferir mayores recursos a este, por esta vía de incremento de los impuestos en mención. Sin embargo, se ha encontrado particular resistencia en el frente de las bebidas azucaradas, debido al fuerte cabildeo ejercido durante la Ley 1819 de 2016, cuando se impidió hasta la discusión del tema. Algo similar está ocurriendo ahora con la discusión de la llamada “ley de financiamiento”.
Sin embargo, el 28 de noviembre, día que se presentó la nueva ponencia de la ley de financiamiento, se conoció que una de las estrategias para recaudar recursos se relaciona con un IVA plurifásico a las bebidas gaseosas y la cerveza, con el cual se espera un recaudo de 960.000 millones de pesos.
En este informe Anif realiza un análisis histórico por cada producto. Alrededor del tabaco, por ejemplo, se destacan los avances del país a través de la introducción del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco no procesado del 55 % bajo la Ley 223 de 1995, endurecido posteriormente con la creación del impuesto específico por cajetilla y la sobretasa al consumo (Ley 1111 de 2006 y Ley 1393 de 2010).
«El otro avance tiene que ver con la Ley Antitabaco -Ley 1335 de 2009- donde se adoptaron los principios del convenio marco para el control del tabaco de la OMS, donde se destaca la prohibición de la promoción publicidad, patrocinio del tabaco y la obligación de adicionar advertencias sanitarias en las cajetillas», afirma el informe.
La Ley 1819 de 2016 continuó avanzando con el endurecimiento del gravamen al tabaco. Allí se elevó el impuesto específico desde $700 por cajetilla en 2016 a $1.400 – $2.100 en 2017 – 2018 (incrementándose a ritmos del 4 % real anual hacia el futuro). Con lo anterior, se ha generado un mayor recaudo tributario proveniente del tabaco hacia el sector salud, pasando de 0,6 a 0,9 billones de pesos en 2016-2017. A nivel de salud pública, además, se ha tenido el beneficio de reducir el gasto público asociado al tabaquismo estimado entre 4 y 5 billones de pesos por año.
En el caso del alcohol, también se ha aumentado el gravamen a su consumo desde la Ley 788 de 2002, cuando se adoptó un sistema específico en función del grado de alcohol. La ley de licores –Ley 1816 de 2016– le adicionó al componente específico (de $150 a $220 por cada grado de alcohol) uno advalórem (del 20 % al 25 % sobre el precio de venta al público), llegando a un impuesto total de consumo cercano al 30 %.
«Este último sistema era un requisito exigido por la OCDE. Sin embargo, continúa el debate metodológico sobre «la certificación anual del precio de venta al público», pues los gobernadores han reclamado que el cálculo de la base gravable reportado por el Dane tuvo en cuenta el precio de producción y no el de venta en 2018. Esto les ha implicado a los territorios menores ingresos por 60.000 millones de pesos. El Dane ya informó que esto será corregido a partir de 2019″, indica el informe.
Sobre las bebidas azucaradas, el proyecto de ley de reforma tributaria 2016 contemplaba un impuesto de $300 por litro a las bebidas azucaradas (aproximadamente un 20 % de su valor). Esta propuesta tenía dos objetivos: reducir el consumo de las bebidas azucaradas, siguiendo lineamientos de organismos internacionales para recudir la obesidad y sus enfermedades crónicas; y que al sector salud llegaran tributos adicionales cercanos al 0,3 % del PIB.
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