Cuando se trate de la seguridad social de los adultos mayores que han sobrepasado el promedio de vida, la Corte Constitucional ha desarrollado una tesis de vida probable con la que se presume que a la fecha en que se presente una decisión judicial la vida de la persona puede haberse extinguido.

La regla es que la acción de tutela no procede para el cumplimiento de las órdenes de otra tutela, sin embargo, excepcionalmente procede cuando no exista otro medio eficaz de defensa; para interponer una tutela contra la sentencia de otra tutela se deben configurar unas reglas que aquí explicamos.

La acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y proporcional respecto del momento de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales; interponerla oportunamente impide que se convierta en factor de inseguridad, evitando que afecte derechos a terceros.

El carácter subsidiario de la acción de tutela impone la obligación de poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de derechos fundamentales; solo ante la ausencia de dichas vías será admisible la acción de tutela.

A veces ocurre que dentro del trámite de tutela los derechos que se reclaman se configuran antes de que el juez profiera una sentencia, operando así una carencia actual del objeto, que lleva a creer que la orden impartida por el juez no tendría ningún sentido. Veamos por qué no es cierto.

El gobierno nacional expidió el Decreto 1983 de 2017 con el que se fijaron reglas sobre el reparto de acciones de tutela a los jueces a quienes corresponde conocer de los asuntos sobre vulneración o riesgo de derechos fundamentales. Se destacan las que se presentan contra entidades públicas.

Toda acción de tutela puede presentarse de manera verbal o escrita, y accionarse a nombre propio, o en representación de la persona perjudicada, cuando esta no pueda presentarla personalmente. Además, aunque no es necesario recurrir a un abogado para hacerlo, se recomienda un asesoramiento legal.

Si la situación que genera la vulneración o amenaza de un derecho fundamental que se pretende proteger con una acción de tutela es superada o finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo, ello configura el fenómeno de carencia actual de objeto.

La tutela demanda la concurrencia de ciertos presupuestos procesales que le son inherentes, como la subsidiariedad, la inmediatez y, si es el caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, y sin los cuales no es posible que el juez constitucional pueda inmiscuirse en la controversia.

La coadyuvancia es una figura jurídica a la que puede acudir un tercero que tenga una relación sustancial con una de las partes involucradas en un proceso para “ayudarla”. Frente a este no se extenderán los efectos jurídicos de la sentencia, pero podrá verse afectado, si la parte es vencida.

Por regla general, cualquier incumplimiento salarial del empleador hacia sus empleados debe ser reclamado ante un juez laboral. Pero en casos muy precisos, se podrá recurrir a la acción de tutela.

La Corte Constitucional recuerda que los criterios que ha decantado para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los casos de familias de crianza, son: 1. La solidaridad, que consiste en evaluar la causa que motivó al padre o madre de crianza con el hijo que deciden hacer parte del hogar; 2. El reemplazo de los vínculos consanguíneos o civiles entre padres e hijos, por las relaciones de facto; 3. La dependencia económica entre padres e hijos de crianza que hace que los últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna, sin las personas que ejercen el rol de padres; 4. Los vínculos de afecto, respeto, compresión y protección que se generan entre las familias de crianza; 5. El reconocimiento de la relación entre padres de crianza y el hijo, la cual puede ser observada por agentes externos del hogar; y 6. la existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijo, lo que implica acreditar una relación estable que permita inferir la existencia de una comunidad de vida.

El precedente constitucional es una figura que ha sido definida como un conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, es una fuente formal del derecho; Es considerada una regla para resolver y solucionar nuevos casos.

Junta Directiva del HUV había ordenado la supresión de 400 plazas vacantes de empleados públicos y trabajadores oficiales, y la desaparición de 547 cargos de servidores públicos.

¿Cuál es el término para presentar una acción de tutela contra una EPS por negarse a pagar la licencia de maternidad?

El agente oficioso es aquel que actúa en representación de otra persona si esta no puede solicitar personalmente sus derechos; esta opción procede cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones que interpuso contra la Contraloría General de la República -CGR- la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, solicitando la protección de sus derechos al debido proceso, de contradicción, buen nombre y honra, frente a la auditoría que vinculó a la empresa con presuntas irregularidades detectadas en recobros de salud.

Celebrado un contrato laboral, se estipulan en este las obligaciones que consagra el Código Sustantivo del Trabajo. Con su incumplimiento proceden justas causas para dar por terminada la relación laboral, pero ¿qué sucede si existe una injusta causa o causa ilegal?, ¿debe reintegrarse a sus labores al trabajador?

Antes de la Ley 1753 del 2015 existía un vacío normativo sobre quién era el responsable de asumir el pago de las incapacidades de origen común superiores a 540 días y en muchos casos nadie realizaba el pago quedando la persona desprotegida. No obstante, con dicha ley esa obligación recayó en cabeza de las EPS.

Cuando el fondo pensional no realiza la inclusión en la nómina pensional de manera oportuna, vulnera los derechos al mínimo vital del pensionado y su familia ubicándolos en una situación que afecta su subsistencia digna al no poder suplir sus necesidades primordiales.