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¿Cuál es el término para presentar una acción de tutela contra una EPS por negarse a pagar la licencia de maternidad?

El agente oficioso es aquel que actúa en representación de otra persona si esta no puede solicitar personalmente sus derechos; esta opción procede cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones que interpuso contra la Contraloría General de la República -CGR- la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, solicitando la protección de sus derechos al debido proceso, de contradicción, buen nombre y honra, frente a la auditoría que vinculó a la empresa con presuntas irregularidades detectadas en recobros de salud.

Celebrado un contrato laboral, se estipulan en este las obligaciones que consagra el Código Sustantivo del Trabajo. Con su incumplimiento proceden justas causas para dar por terminada la relación laboral, pero ¿qué sucede si existe una injusta causa o causa ilegal?, ¿debe reintegrarse a sus labores al trabajador?

Antes de la Ley 1753 del 2015 existía un vacío normativo sobre quién era el responsable de asumir el pago de las incapacidades de origen común superiores a 540 días y en muchos casos nadie realizaba el pago quedando la persona desprotegida. No obstante, con dicha ley esa obligación recayó en cabeza de las EPS.

Cuando el fondo pensional no realiza la inclusión en la nómina pensional de manera oportuna, vulnera los derechos al mínimo vital del pensionado y su familia ubicándolos en una situación que afecta su subsistencia digna al no poder suplir sus necesidades primordiales.

Por tratarse de un sujeto de protección especial, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable cuando se busca solicitar el reintegro de un trabajador en situación de debilidad manifiesta despedido por su salud, así existan otros mecanismos de defensa judicial.

La acción de tutela es un mecanismo de defensa, el cual busca proteger al ciudadano cuando sus derechos fundamentales sean vulnerados o amenazados por actos u omisiones de un particular o una autoridad pública.

Cuando se presentan múltiples acciones de tutela fundadas sobre los mismos hechos y pretensiones, después de analizar la acción el juez podrá tacharla como temeraria si considera que se presentó de mala fe y cumplió los requisitos jurisprudenciales para denominarla como tal.

Corte Constitucional. Indicó que la acción de tutela es procedente para garantizar el subsidio de vivienda a una persona en condición de discapacidad.

Las EPS no pueden negar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad aunque la madre no haya cotizado la totalidad del período de gestación. Cuando esto ocurre, dicha entidad vulnera derechos fundamentales de la afiliada, como son el derecho a la vida, la salud y al mínimo vital.

Consejo de Estado. Recordó que la acción de tutela no puede amparar derechos inciertos o futuros dado que no existe una amenaza real, por lo tanto resulta improcedente la acción en dichos casos.