Etiqueta: agosto 7 2017

Por el cual se sustituiría la parte 7 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en lo relacionado con la reglamentación de la conciliación fiscal de que trata el artículo 772-1 del Estatuto Tributario.

Por medio del cual se adicionaría el artículo 1.2.4.9.1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, referente a la excepción de retención en la fuente a título de renta en los pagos o abonos en cuenta “que correspondan a la adquisición de acciones, derechos sociales, títulos valores o similares”.

Por medio del cual se reglamentan los artículos 18-1 y 245 del ET que tratan sobre la tarifa de retención en la fuente y el procedimiento aplicable a los dividendos girados al inversionista de capital del exterior de portafolio.

Por la cual se modifica el plazo para el pago de la segunda cuota de la tarifa que por concepto de contribución especial de vigilancia, deben pagar los supervisados de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para la vigencia fiscal del año 2017.

Mediante el artículo 9 de la Ley 1314 de 2009 se ratificó que la Junta Central de Contadores continuaría actuando como Tribunal Disciplinario y Órgano de Registro de la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los contadores públicos y a las demás entidades que presten sus servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal. Posteriormente, a través del Decreto 1955 de 2010 se estableció que sería la misma Junta Central de Contadores la encargada de fijar el procedimiento técnico para las candidaturas y elecciones de quienes conformen dicho tribunal. Por lo anterior, y considerando la necesidad de establecer el procedimiento técnico para la elección del representante de las instituciones de educación superior, el 1 de agosto de 2017 la Junta Central de Contadores expidió la Resolución 000-0665 con la cual reglamenta el procedimiento técnico para la elección de dos de los miembros del Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial, Junta Central de Contadores para el período 2018–2021.

El 21 de julio de 2017 la Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 515-000738 mediante la cual establece la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades que se encuentran bajo su vigilancia, señalada en el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010, el cual modificó el artículo 121 de la Ley 1116 de 2016. De acuerdo con la resolución, la tarifa de la contribución correspondiente al año 2017 será de quince treinta y siete centavos ($0.1537) por cada mil pesos ($1.000) de activos totales. El monto total en ningún caso podrá exceder del 1 % del total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. El pago se deberá realizar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de expedición de la cuenta de cobro.

El artículo 512-14 del ET, adicionado por el artículo 206 de la Ley 1819 de 2016, establece que los responsables del régimen común del impuesto nacional al consumo deben cumplir las mismas obligaciones señaladas para los responsables del régimen común del IVA. Por lo anterior, para determinar si es obligatorio presentar la declaración del impuesto nacional al consumo en ceros, se debe observar lo mencionado en el artículo 601 del ET (norma que trata sobre la presentación de la declaración del IVA), el cual indica que en los períodos en los que no se hayan realizado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos descontables, no existe la obligación de presentar la declaración del impuesto del IVA. Así pues, teniendo en cuenta que tales condiciones no se constituyen como obligación en el impuesto sobre las ventas, se le dará el mismo tratamiento a los responsables del régimen común del impuesto nacional al consumo.

El Ministerio de Hacienda precisa que la prohibición de embargar recursos de propiedad de las entidades territoriales consagrada en el artículo 594 del Código General del Proceso es aplicable a todas las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de las entidades territoriales, incluyendo obviamente los ingresos corrientes, tanto los de destinación específica como los de libre destinación, entre estos, los percibidos por los impuestos de propiedad de departamentos, distritos o municipios, tales como registro sobre vehículos automotores; impuestos al consumo de licores y cigarrillos, de industria y comercio, sobretasa a la gasolina, predial, estampillas; los recursos del Sistema General de Participaciones; los recursos del Sistema General de Regalías; los recursos de la seguridad social y los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.