Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Dian concluye que la disposición antielusiva estipulada en el artículo 90 del ET, que regula el precio mínimo de enajenación de activos y prestación de servicios, en principio no resulta aplicable para la contratación pública.
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