Etiqueta: Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Las certificaciones emitidas por un contador público con la finalidad de acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– deben cumplir con los requisitos del artículo 59 de la Ley 43 de 1990, es decir, deben ser claras, precisas y ceñidas extrictamente a la verdad.

El CTCP recomienda, entre otros puntos, que el contador incluya únicamente información que haya sido verificada previamente y que indique los soportes de donde se extrajo dicha información.

A continuación, se relacionan las principales entidades que tienen un impacto directo en el desarrollo de la profesión contable y también las medidas tomadas por dichas entidades durante la crisis ocasionada por el COVID-19.

Si bien los comprobantes, soportes y libros contables siempre se deben almacenar en el domicilio de la entidad, el CTCP explica que esto no es impedimento para que una entidad procese su contabilidad desde un lugar distinto.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– aclara que no existe una inhabilidad expresa para que el profesional contable firme declaraciones a sus familiares en su calidad de contador público. No obstante, el contador debe evaluar antes la existencia de amenazas contra los principios fundamentales del Código de Ética.

Esto es así, por cuanto en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, que señala los servicios que el contador público no puede prestarle a las personas con quienes tenga relaciones de parentesco, no se encuentra restringido el del contador, sino únicamente los servicios de auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas y árbitro en controversia de orden contable.

¿Qué medidas o pronunciamientos ha realizado el Consejo Técnico la de la Contaduría Pública en el marco de la pandemia decretada a causa del COVID-19?

Las entidades que se encuentren en procesos de reestructuración bajo la aplicación del Decreto Legislativo 560 de 2020, que adoptó medidas transitorias en procesos de insolvencia en el marco de la emergencia por el COVID-19, deben dar de baja sus pasivos siguiendo los lineamientos del marco técnico normativo en el que se encuentren clasificadas. Lo anterior, siempre que sigan cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que los revisores fiscales tienen la obligación de denunciar ante las autoridades los delitos contra la administración pública, además de poner dichos hechos en conocimiento de la administración y los órganos sociales de la entidad (ver artículo 26 de la Ley 43 de 1990).

Por ello, el CTCP recomienda que cuando el revisor fiscal de una copropiedad encuentre inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales realice las siguientes tareas:

• Informar por escrito al administrador de la propiedad horizontal.
• Si no se obtiene respuesta de parte del administrador, entonces informar al consejo de administración de la propiedad horizontal.
• Por último, considerar informar a la autoridad competente.

Los recursos que una entidad reciba provenientes del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– corresponden a una subvención del Gobierno que se debe contabilizar de conformidad con las siguientes normas:

• NIC 20, en el caso de las entidades del grupo 1 de convergencia.
• Sección 24 del Estándar para Pymes, en el caso de las entidades de los grupos 2 y 3 de convergencia. Esto último por cuanto el marco normativo de las microempresas (grupo 3) no contiene requerimientos específicos sobre las subvenciones.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que las copropiedades de uso residencial, por virtud del artículo 56 de la Ley 675 de 2001, no están obligadas a tener revisor fiscal. No obstante, en caso de que decidan tenerlo de forma voluntaria, este deberá ser un contador público.

La Ley 43 de 1990 también ratifica este requerimiento en sus artículos 2 y 13, al señalar que, para ejercer las actividades relacionadas con la ciencia contable, entre las cuales se encuentra la revisoría fiscal, es necesario tener la calidad de contador público.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– fue consultado acerca de la posibilidad de que una empresa que suspendió sus actividades productivas a raíz de la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus (COVID-19) pueda detener temporalmente la depreciación de sus activos.

Para responder dicha inquietud, el CTCP explicó que, de acuerdo con los requerimientos de la NIC 16 (párrafos 52 y 55) y la sección 17 del Estándar para Pymes (sección 20), las entidades siempre deben contabilizar su depreciación, “incluso si el valor razonable del activo excede su importe en libros, incluso si el activo se encuentra en mantenimiento, o incluso cuando el activo esté sin utilizar”.

Por consiguiente, si una entidad no utiliza un método de depreciación basado en el uso, deberá estimar el importe de depreciación conforme al método que haya establecido.

Mediante el Concepto 418 de abril 22 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– se pronunció para señalar que las únicas circunstancias en las que puede cesar la depreciación del activo se presentan cuando el importe en libros de la propiedad, planta y equipo es igual o inferior a su valor residual, cuando se encuentre depreciado en su totalidad o cuando se utilice un método de depreciación en función del uso, por ejemplo, el de unidades producidas. Según lo anterior, la depreciación no debe suspenderse por el hecho de que el activo no se esté utilizando a causa de la pandemia.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que una entidad clasificada en el grupo 2 de convergencia debe contabilizar los arrendamientos financieros conforme a la sección 20 del Estándar para Pymes.

La citada norma señala que los arrendamientos financieros deben reconocerse simultáneamente como un activo y un pasivo medidos por el menor importe entre el valor razonable del bien arrendado y el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento, más los costos relacionados con la negociación y acuerdo del arrendamiento.