Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Corte Constitucional acaba de expedir una segunda sentencia de exequibilidad, la C-630 de 2012, que junto a la sentencia C-200 de 2012, ratifica la causal de cancelación de inscripción del Contador Público o el permiso de funcionamiento de las sociedades de Contadores, cuando en ejercicio de la Revisoría Fiscal no denuncia los actos de corrupción de los que se tengan conocimiento.
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