Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Mediante el presente memorando, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– comunica al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo algunos efectos que tiene el proyecto de ley de financiamiento sobre la convergencia hacia estándares de aceptación mundial y la profesión contable, para que a través de los canales de interacción entre el MinCIT y el Congreso de la República se planteen los ajustes pertinentes.
Dentro de los asuntos identificados por el CTCP en el proyecto de ley de financiamiento que actualmente fue aprobado en primer debate por el Congreso de la República tenemos que en primera instancia se busca asignar a la Dian la facultad de reglamentar temas contables, lo cual afectaría la separación de las funciones previstas en la ley de convergencia –Ley 1314 de 2009–. Adicionalmente, se pretende solicitar a las empresas un certificado emitido por el revisor fiscal, para que las mismas puedan acceder al descuento por impuestos pagados en el exterior, dándole así poca importancia al acto de certificar los estados financieros por parte del representante legal y del contador público.
Por otra parte, El CTCP expresó que los artículos que establecen la misma responsabilidad tributaria para los diferentes actores involucrados en la preparación y presentación de los estados financieros y el cumplimiento de otras obligaciones tributarias deben ser revisados, puesto que desconocen los diferentes roles que cada uno de los actores cumplen.
El Ministerio del Trabajo trae a colación el artículo 197 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se estipula que los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que le correspondan, sea cual sea la duración de su jornada laboral (permanente o por días).
Por otra parte, los empleadores están obligados a afiliar al sistema de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar a los trabajadores que laboran por días, con una base de cotización mínima semanal, conforme a lo estipulado en el Decreto 2616 de 2013, compilado en el Decreto 1072 de 2015. De igual forma la norma indica que la afiliación será responsabilidad del empleador, el cual deberá realizar los recaudos a los aportes del sistema de riesgos laborales a través de la PILA.
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