Etiqueta: diciembre 21 2017

Los compradores tienen el derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos y servicios que se le ofrecen; lo anterior tiene como objetivo garantizar que los consumidores cuenten con los elementos de juicio suficientes que les permitan elegir entre la variedad de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y así, adopten decisiones de consumo razonables. Por otra parte, cabe señalar que la garantía mínima no solo se suscribe a la calidad del objeto vendido o del servicio prestado, sino también al cumplimiento de los términos y condiciones pactados desde el momento mismo en que se realizó el contrato. En el caso de la prestación de servicios, cuando exista incumplimiento por parte del proveedor, el consumidor tiene el derecho a exigir que se preste el servicio en las condiciones originalmente pactadas, o bien, la devolución del precio pagado.

La Ley 1581 de 2012 señala los eventos en los que se puede realizar tratamiento de los datos sensibles, esto es, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o supresión de los mismos. Entre dichos eventos, se encuentra el que el titular haya dado su autorización explícita o cuando el mismo sea efectuado en el curso de actividades legítimas cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical. En consecuencia, los datos personales sobre el origen político o la afinidad política ostentan la calidad de dato sensible. Así, a efectos de realizar el tratamiento de los referidos datos, tales como la captura u obtención de los mismos, se deberá observar lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios frente al tratamiento de datos sensibles.

El emitir autorización o aval a personas naturales para el desarrollo de eventos de actualización contable y tributaria no es una función que se encuentre dentro de las competencias establecidas en la ley para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

El tratamiento contable de las cuotas extraordinarias de una propiedad horizontal puede consultarse en la Orientación Técnica No. 15 – Copropiedades de uso residencial o mixto (Grupos 1, 2 y 3), la cual se encuentra publicada en el sitio web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Entre las funciones y deberes del revisor fiscal, enumerados en los artículos 207 al 213 del Código de Comercio, se encuentra el dar una opinión acerca de la eficiencia y la eficacia del sistema de control interno de la entidad; razón por la cual será responsabilidad del revisor fiscal adelantar las pruebas que a su juicio profesional, considere convenientes para obtener evidencia adecuada y suficiente para formarse una opinión acerca del sistema en mención y posteriormente generar una opinión. Esta última, deberá estar enmarcada dentro de los parámetros definidos en el nuevo marco técnico normativo compilado en el anexo técnico No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016.

Para las empresas del grupo 2, el reconocimiento y medición de los inventarios se supedita a que sean activos poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio, en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

Los consorcios pueden asimilarse al concepto de acuerdo conjunto contenido en los nuevos marcos técnicos normativos. Para que un acuerdo conjunto exista, siempre se requerirá la existencia de un acuerdo contractual y la decisión de las partes de compartir el control.

La Dian señala que la conciliación contencioso-administrativa opera sobre los valores de la sanción consignados en la liquidación oficial y no sobre los valores determinados en el fallo judicial. No debe perderse de vista que la esencia de la conciliación contencioso-administrativo radica en evitar el desgaste de las partes en un proceso ante la jurisdicción. Para ello, siempre que se pague la totalidad del impuesto, se conceden ciertos descuentos sobre los montos liquidados por concepto de sanciones e intereses (y su actualización según el caso) por la Administración Tributaria. Considerar vinculantes los valores reliquidados por la autoridad judicial, inclusive en desarrollo del principio de favorabilidad, implicaría que el fallo se encuentra en firme y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento, lo que de plano descarta la posibilidad de acudir a la mencionada conciliación.