Etiqueta: enero 1 2018

El 29 de diciembre de 2017, la Dian expidió el concepto unificado 001466 del 29 de diciembre de 2017 sobre el gravamen a los movimientos financieros – GMF (4 x1000). Con dicho concepto, la Dian explica las generalidades de este impuesto, el hecho generador, los sujetos pasivos, el momento en que se debe hacer la causación y la base gravable. Asimismo, hace precisiones sobre los agentes de retención en la fuente del 4×1000 las exenciones aplicables a este gravamen, así como la declaración y pago, y el régimen sancionatorio aplicable a este impuesto.

La presencia de una infracción marcaria depende de la titularidad que se tenga sobre el derecho y de las actuaciones tomadas por el supuesto infractor, pues en caso de estar ante un derecho legalmente constituido por la norma andina y frente a alguna de las actuaciones establecidas como prohibidas por la Decisión 486 de 2000, se estará frente a la presencia de una infracción. La norma andina exige un uso de tipo comercial por parte de ese infractor, es decir, que el uso este encaminado en la explotación comercial del derecho, pues en caso de no ser así, no se estaría generando un uso que afectará al titular y que fuera castigado por la normatividad. Tratándose de registros sanitarios, estos son certificados expedidos por el INVIMA para permitir la comercialización de cierto tipo de productos, los cuales deberán cumplir con las normas nacionales y las reglamentaciones expedidas por esta Entidad. Por tanto, para determinar si un registro sanitario está afectando un signo distintivo, se deberá verificar la presencia o no de un registro de marca legalmente constituido, para luego establecer si el actuar del tercero incurre en una de las prohibiciones de la norma andina, y finalmente determinar si el uso dado tiene fines comerciales o no, pues la carencia de uno de estos ítems podrá llevar a la ausencia de la infracción.

El CTCP precisa que la clase, la vida útil, el modelo de medición, el método de depreciación, el valor residual, entre otros conceptos, se deben definir en las políticas contables de la entidad, las cuales obedecen a los procedimiento internos. En consecuencia, si una entidad considera que la naturaleza y uso de la maquinaria pesada son distintos de otro tipo de maquinaria, bien puede considerarla como una clase separada.

Cuando se presentan mermas normales, es decir, cuando una entidad se expone a pérdidas que se producen en el proceso de producción y que se deben a causas inherentes al proceso de la elaboración (por ejemplo: la evaporación del combustible), está pérdida debe hacer parte del costo ya que afecta el valor del inventario por condiciones naturales del proceso. Caso contrario se presenta con las mermas anormales, es decir, las pérdidas que se producen por accidentes fortuitos (por ejemplo: el derramamiento de combustible) las cuales se llevarían al gasto. Esto, por cuanto esos costos no son relacionados con la producción del periodo, mientras que los costos excesivos por otras razones sí se originan en el proceso productivo y deben afectar el costo de ventas. Cabe señalar que la determinación de los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción deben ser definidos por la entidad en el manual de políticas contables.

El CTCP recuerda que todas las funciones sin ánimo de lucro están obligadas a tener revisor fiscal, y sus funciones deben ser cumplidas a cabalidad de acuerdo a la normatividad vigente y las funciones establecidas en los estatutos de la sociedad.

El CTCP señala que los recursos del fondo de reposición que son descontados de los pagos realizados a sus propietarios, son contabilizados como un pasivo a favor de terceros.

El CTCP precisa que para la medición posterior de las propiedades de inversión, se podrá utilizar cualquiera de los dos métodos descritos en la NIC 40: modelo de costo (párrafo 56) o valor razonable (párrafo 33 a 55).

El CTCP precisa que de acuerdo con las definiciones establecidas en los marcos técnicos normativos, las criptomonedas no son efectivo ni equivalentes al efectivo, considerando que, por un lado, no son moneda de curso legal, no tiene respaldo estatal y no son aceptadas como medio de pago por toda la comunidad. Sin embargo, sí parecen encajar en la definición de activo financiero, pues en esencia, se trata de un acuerdo por el cual se entrega una cantidad de dinero a cambio de otra cantidad en las monedas virtuales; en ese intercambio, el comprador recibe las criptomonedas a cambio de un derecho contractual a recibir efectivo. dicho esto, si se trata de un activo financiero, sería necesario entonces establecer su clasificación. En opinión del Consejo, su medición debe ser al valor razonable y sus cambios deben ser en resultados, porque para que fueran al ORI, debería tratarse de un instrumento de deuda sobre el cual existiera un modelo de negocio que consista en esperar el recaudo de los flujos originalmente pactados, lo cual no aplica para este tipo de elementos. Cabe señalar que, al no estar reguladas y no contar con respaldo de los bancos en Colombia, ni ser reconocidas para efectos legales, podrían generarse contingencias y altos riesgos de pérdida para la entidad en caso de un delito o de reclamaciones frente a las distintas autoridades colombianas.