Etiqueta: febrero 15 2018

Por la cual se modificaría y adicionaría la Resolución 000073 del 29 de diciembre de 2017 que prescribió el formato de reporte de conciliación fiscal de que trata el numeral 2 del artículo 1.7.1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria.

El 15 de febrero de 2018 el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto con el que se pretende reglamentar los mecanismos de control para la correcta imputación del IVA descontable que debe corresponder proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a las unidades inmobiliarias gravadas.

Mediante la Resolución 000010 de 06-02-2018, la Dian seleccionó como obligados a expedir factura electrónica en los términos del Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, compilado en el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, a los contribuyentes, responsables y agentes de retención que se encuentren calificados como grandes contribuyentes en la Resolución 000076 del 1 de diciembre de 2016, exceptuando a quienes mediante las resoluciones 000003 del 31 de enero de 2017 y 1304 del 28 de febrero de 2017 fueron excluidos de la mencionada calificación. Quienes hayan sido seleccionados para expedir factura electrónica deberán cumplir con la obligación formal de facturar a través de los sistemas de factura o documento equivalente que actualmente se encuentran establecidos por la ley y el reglamento, hasta tanto surtan los procedimientos para la implementación de la factura electrónica; dichos procedimientos deberán cumplirse dentro de los términos de vigencia de la presente resolución.

Luego de una extensa revisión a las objeciones de la Presidencia de la República al proyecto de ley mediante el cual se modificaría la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare infundadas las objeciones presidenciales, con excepción de la relativa a la violación de irretroactividad de la ley, declarando la constitucionalidad del proyecto de ley objetado, precisando que este tendrá efectos a partir del momento de su promulgación. De manera subsidiaria, en caso de que la Corte Constitucional encuentre fundadas las objeciones relacionadas con el desconocimiento de la sostenibilidad fiscal, ya sea como garantía sustancial, o por la violación de las exigencias formales previstas en el artículo 154 de la Constitución Política, solicita que esa corporación declare la constitucionalidad del proyecto de ley, modulando o difiriendo los efectos del fallo, con el fin de evitar que el marco fiscal se torne en un impedimento de los fines del Estado Social de Derecho al tenor del artículo 334 Superior.

Por el cual se modifica el Decreto 1343 del 2017 para establecer un gravamen arancelario del 0 % para la importación de los productos clasificados en algunas las subpartidas de materias primas y bienes de capital no producidos en el país.

El trabajador debe gozar de sus permisos sindicales sin que su remuneración se vea afectada por la solicitud de los mismos, pues, si bien es cierto que no se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa, o ejerciendo funciones de representación, sí se encuentra trabajando en la creación y/o modificación del pliego de peticiones de la organización sindical. Por lo anterior, no es posible realizar descuentos en la nómina de los trabajadores que ya contaban con un derecho adquirido y gozaban del principio de confianza legítima, entendido este como aquellas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a otro en razón de un comportamiento específico que produzcan resultados uniformes en un ambiente de confianza, que únicamente puede ser quebrantada para dar paso al interés público, de ahí que los trabajadores que gozan con el permiso sindical deben recibir junto a este sus respectivos pagos compensatorios.

Los predios de propiedad del municipio no pueden ser gravados con el impuesto predial. Por su parte, las construcciones realizadas en predio ajeno, en tanto estén identificadas en la información entregada por el IGAC y cuenten con avalúo catastral, pueden ser gravadas en cabeza de su propietario o poseedor.

La Corte Constitucional recuerda que sí es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social y el tiempo laborado en entidades públicas a las semanas de cotización efectuadas al ISS, indicando que tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1.000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida. Por otra parte, la Corte Constitucional señala que cuando un trabajador no fue afiliado por su empleador al sistema general de pensiones, teniendo la obligación de hacerlo, dicho tiempo de servicios debe ser tenido en cuenta para el cómputo de semanas de cotización requeridas para el reconocimiento y pago de una pensión, previo el pago por parte del empleador de la suma resultante del cálculo actuarial realizado por la administradora de fondos de pensiones.