Etiqueta: julio 5 2017

De acuerdo con el literal c) del artículo 2 de la Ley 1527 de 2012, quienes pueden actuar como operadores de libranzas o descuento directo, son: los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realicen operaciones de libranza o descuento directo; los intermediarios financieros debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados; las personas jurídicas que con recursos propios o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley se encuentran organizadas como Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis); las sociedades comerciales y las sociedades mutuales que adelanten este tipo de operaciones con recursos propios o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley; y las cooperativas que adelantan este tipo de operaciones con recursos propios o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley, no vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Así las cosas, una empresa industrial y comercial del Estado no podría ser operadora de libranza o descuento directo, en la medida en que su naturaleza jurídica no corresponde a ninguna de las anteriormente relacionadas.

El CTCP señala que la depreciación de los activos con vida útil finita incluidos en la información financiera de una persona jurídica o natural obligada a llevar contabilidad, además de obligatoria, es necesaria, debido a que la depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce la pérdida de valor que sufre un activo en razón de su uso. Lo anterior significa que se debe seleccionar un método de depreciación que refleje el patrón con el cual se espera consumir los beneficios económicos futuros del activo, pues, de lo contrario, no se reflejarían en los estados financieros los hechos de manera fidedigna.

El software puede ser reconocido como activo intangible si cumple con los requisitos señalados en el párrafo 66 de la NIC 38, incluyendo en el costo las partidas necesarias para que el activo esté en condiciones de utilización para el fin previsto y teniendo presente que el software contribuya a la generación de beneficios económicos, bien sea como incremento de flujos de fondos o como un mejor flujo de salida de fondos. En lo referente a los conceptos que pueden ser adicionados al costo, debe tenerse en cuenta el párrafo 67 de la NIC 38, que puntualiza que los costos no asignables al desarrollo, tales como gastos administrativos o capacitación y entretenimiento, no son capitalizables.

La entidad que adopta por primera vez el marco técnico normativo para Pymes y utiliza la exención de costo atribuido en las propiedades de inversión, puede utilizar el valor razonable o una revaluación según los PCGA anteriores, siempre y cuando respete los criterios del nuevo marco normativo.

Un consorcio a través del cual se administra un patrimonio autónomo debe reportar bajo su propio NIT la información exógena de dicho patrimonio, correspondiente al año gravable 2016, de acuerdo con lo señalado en los artículos 17 y 18 de la Resolución DIAN 000112 de 2015, sin que ello implique de ninguna manera que tal consorcio adquiera personería jurídica.

Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM deben presentar la declaración en ceros incluso en periodos gravables en los que no se hubiesen realizado operaciones gravadas con dicho impuesto, pues en los mismos también pudieron llevarse a cabo operaciones exentas que deben ser reportadas para efectos del adecuado recaudo y administración del impuesto.

La condición especial de pago establecida en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, debió ser implementada y reglamentada por las asambleas departamentales o los concejos municipales, en los primeros cuatro meses de vigencia de la citada ley; de lo contrario, serán los gobernadores o alcaldes de las respectivas entidades los competentes para la implementación de la figura.

Mediante sentencia, la Corte Constitucional señala que las incapacidades laborales por enfermedades generales que se causan a partir del día 181 corren por cuenta de la administradora de fondos de pensiones, hasta tanto el trabajador se recupere o su enfermedad sea valorada por la junta de calificación de invalidez. El no pago de dichas incapacidades o de asignación salarial, por pensión de invalidez, o por indemnización sustitutiva que le provea el sustento y el de su familia al empleado, genera que este quede totalmente desamparado y agrave su situación de debilidad manifiesta, lo que viola los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la persona.