Etiqueta: junio 15 2017

Las normas de protección al consumidor tienen carácter de orden público, y se consideran como normas especiales por regular un asunto específico, por lo que tendrán que aplicarse con prelación a las normas generales, como lo son las contenidas en el Código Civil o en el Código de Comercio, siempre que se trate de relaciones de consumo. Cabe señalar que las normas especiales de protección al consumidor contenidas en la Ley 1480 de 2011 tienen carácter de irrenunciables, por lo que cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Cuando no se trate de relaciones de consumo, sino de asuntos de carácter contractual, regidos por la ley civil o la ley comercial, no es posible aplicar la norma de consumidor, por lo tanto, la situación escaparía de las atribuciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las controversias a este respecto deberán ser resueltas ante la justicia ordinaria o mediante los métodos alternativos de solución de conflictos.

Por la cual se establecen los requisitos para obtener autorización para actuar como agentes autorretenedores de rendimientos financieros y se adopta el trámite correspondiente para su aprobación.

El Consejo de Estado señala que el impuesto de avisos y tableros tiene un hecho generador propio consistente en la colocación de avisos, tableros o vallas en la vía pública y que por ser complementario del impuesto de industria y comercio, su recaudo y liquidación se hace con dicho tributo, pues el sujeto pasivo es el responsable del impuesto de industria y comercio. Dicho esto, es claro entonces que el sujeto pasivo del tributo es la persona natural o jurídica que desarrolla una actividad comercial, industrial o de servicios, y que usa el espacio público para difundir la buena fama o nombre comercial de que disfruta su actividad, su establecimiento o sus productos a través de los tableros, avisos o vallas.

La DIAN precisa que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que desarrollen actividades de distribución de combustibles líquidos y derivados del petróleo y que les sea aplicable el parágrafo 4 del artículo 28 del ET, solo podrán detraer los costos de transporte del combustible y los gastos deducibles asociados a la operación, con el cumplimiento en especial del capítulo V, título I del libro primero del ET, dentro del cual se encuentran los artículos 145 y 146 que tratan el tema de las deducciones de cartera morosa o perdida.

Los contratos que involucren actividades diferentes a las que se refiere la definición legal de obra pública, como el servicio de mantenimiento, pueden tratarse como contratos de prestación de servicios, evento para el cual la tarifa puede ser del 4% o el 6% dependiendo de las circunstancias del beneficiario del pago que puede ser declarante o no.

El Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica, no especifica cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de que el firmante no cumpla con sus obligaciones, sin embargo, la consecuencia jurídica en caso de incumplimiento de las mismas y la configuración de perjuicios frente al receptor del documento, recaerá sobre el firmante dada su conducta omisiva.

Los bienes descritos en las subpartidas arancelarias 21.06.90.79.00 y 21.06.90.90.00 con un criterio residual, así como todos los bienes mencionados por el legislador sin consideración a su clasificación, y necesarios complementos alimenticios para ser suministrados vía enteral o alimentación enteral o por tubo, se encuentran excluidos del IVA.

El CTCP señala que al determinar el “gasto por intereses” para calcular el indicador de cobertura de intereses, que es requerido por el Decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tener en cuenta que estos gastos están conformados por los conceptos mencionados en las normas técnicas y que son aplicables para las entidades clasificadas en los grupos 1 o 2. Para el Grupo 3, el entendimiento del concepto es similar en los tres marcos técnicos y la diferencia principal podría encontrarse en la forma en que se causan dichos rendimientos cuando se utiliza una base de costo histórico o una base de valores corrientes. Por otra parte, cabe señalar que en los estados financieros y en las notas, una entidad que aplique adecuadamente los principios contables deberá incluir la información necesaria sobre sus costos de préstamos incurridos durante un periodo, de tal forma que los usuarios de dichos estados puedan evaluar la capacidad de una entidad para generar flujos de efectivo y la gestión de los administradores.