Etiqueta: junio 7 2017

En atención al artículo 45 de la Ley 4 de 1913 el cual establece la corrección de los yerros caligráficos o tipográficos presentados en las normas, cuando no haya duda en cuanto a la voluntad del legislador, y a lo señalado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-178 de 2007 cuando dice que la expedición de la corrección de yerros es una función administrativa ordinaria del Presidente de la República; el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 939 de junio 5 de 2017 a través del cual corrige los yerros de los artículos 89, 99, 111, 123, 165, 180, 281, 289, 305, 317 y 319 de la Ley 1819 de 2016.

El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 938 de junio 5 de 2017, a través del cual sustituye el título 2 de la parte 12 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 para incorporar la reglamentación de los artículos 316 y 317 de la Ley 1819 de 2016. Así pues, establece el procedimiento a seguir para la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– presentados con posterioridad a la fecha de publicación de la Ley 1819 de 2016. Sumado a lo anterior, el decreto fija la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo respecto de los actos administrativos demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La Superintendencia de Sociedades señala que la realización de contratos de mutuo o préstamos a los socios de una sociedad comercial, cualquiera que sea su tipo societario, no está prohibida por la ley. Sin embargo, si bien el mutuo o préstamos a los socios, no está prohibido per se, sí se encuentra condicionado a unos determinados presupuestos cuya verificación es responsabilidad de los administradores de la sociedad, toda vez que son éstos los llamados examinar las condiciones y a tomar las medidas tendientes, entre otros, a exigir las garantías a que haya lugar. Asimismo, indica que las sociedades mercantiles pueden pactar el mutuo como acto accesorio o secundario en desarrollo del objeto social, pero esta estipulación accesoria no significa que los órganos sociales de administración o dirección puedan autorizar préstamos a favor de los asociados, que no estén determinados en las actividades principales, o que no tengan relación directa con el objeto social principal, o que no se deriven de la existencia o actividad de la sociedad.

La DIAN aclara que luego de la aprobación de la Ley 1819 de 2016, continúa aplicándose el régimen del impuesto a las ganancias ocasionales sobre los ingresos por herencias, legados y donaciones recibidas por las personas naturales, pues dicha ley solo adicionó un parágrafo al artículo 300 del ET, en el cual señala que no se consideran activos fijos aquellos bienes que el contribuyente venda en el giro ordinario de su negocio.

El servicio de lavado de ropa, prendas de vestir y tapetes no se encuentra excluido, ni gravado con una tarifa especial del IVA. De acuerdo con el literal c) artículo 420 del ET, este se cataloga como un servicio gravado con el IVA y cuya tarifa corresponde al 19%, según el artículo 468 del mismo estatuto.

Por la cual se reglamenta la publicación de los proyectos de regulación expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–.

La determinación de exento o no del servicio de transbordo en el IVA, deberá darse en cada caso concreto, de acuerdo a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, tal como son los decretos: 2223 de 2013, 2877 de 2013, 1625 de 2016 y las demás normas que llegaren a promulgarse para regular la materia, en todo caso, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 420 y 481 del ET.

Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia señaló que la sanción moratoria prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, que establece el pago de un día de salario por cada día de mora en el pago de la liquidación y salarios, prestaciones e indemnizaciones que adeuden al trabajador, no es de aplicación automática e inexorable, ya que es un juez quien tiene el deber de estudiar las pruebas incorporadas al proceso a fin de establecer si la conducta del empleador estuvo o no justificada, al punto que el examen fáctico permitirá establecer si la omisión o pago tardío de acreencias laborales, estuvo o no asistido de la buena fe, pues de estar justificados en razones serias y atendibles, debidamente acreditadas en el proceso, que indiquen, sin lugar a dudas, que no hubo intención de defraudar al trabajador y que se obró con buena fe, no procede la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma.