Etiqueta: mayo 5 2017

La readquisición de acciones debe realizarse a través de un contrato de compraventa, con el cual, el accionista transfiere a la sociedad a título de compraventa, las acciones emitidas por ésta de la cual aquél es titular, lo cual supone la negociación de las mismas, precedida de la decisión de la asamblea general de adquirir oara la sociedad su propias acciones. Sin embargo, la supersociedades aclara que la readquisición de acciones solamente se puede realizar recurriendo a las utilidades, en los términos establecidos en el artículo 396 del Código de Comercio, norma de carácter imperativo y por ende de obligatorio cumplimiento, lo que a su turno significa que no se puede llevar a cabo a través de ningún otro mecanismo previsto en la ley para la extinción de obligaciones, tales como la dación en pago o la compensación; aceptar estas figuras implicaría un desacato legal, desconociendo en esta forma el espíritu que le dio origen a la ley.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley 43 de 1990, los Contadores Públicos, ya sea que ejerzan como contadores de empresa o como revisores fiscales, están obligados a considerar en su trabajo los principios de contabilidad y las normas de auditoría de general aceptación en Colombia.

Para acogerse al beneficio señalado en el artículo 306 de la Ley 1819 de 2016, es requisito que antes de la entrada en vigencia de la norma se haya notificado requerimiento especial, liquidación oficial, acto administrativo que resuelta el recurso de reconsideración, o pliego de cargos.

El CTCP señala que la responsabilidad profesional del Contador Público se da durante el tiempo del contrato por las actuaciones realizadas; en consecuencia, si este fue contratado para certificar o dictaminar estados financieros de periodos anteriores, debe responder por las actividades desarrolladas para este propósito. No obstante, no debe asumir responsabilidad alguna por situaciones ocurridas antes de iniciar la labor para la cual fue contratado; así pues, si el contador concluye que es inadecuado emitir una certificación de los estados financieros por errores encontrados durante la revisión de la información de contador saliente, debe aplicar los salvaguardas establecidos en los artículo 100.12 a 100.22 del Código de Ética.

El CTCP señala que, cuando la entidad tiene inversiones en asociadas que presentan un valor patrimonial negativo, esto se convierte en un indicio de que el valor del activo puede haberse deteriorado, lo cual obliga a la entidad a determinar el valor recuperable de la inversión.

A través del Concepto 68 del 6 de febrero del 2017, la Superintendencia de Servicios aclara que, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 (norma actualmente vigente), quienes presten servicios públicos domiciliarios pueden cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran. Lo anterior debido a que, aunque el 22 de julio del 2015 fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 16/15 Senado – 190/15 Cámara, con el cual se pretendía modificar la Ley 142 de 1994 y eliminar el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios públicos residenciales, el cual surtió todos los debates necesarios para convertirse en ley de la República, el mismo no fue sancionado por el Presidente, quien consideró que dicho proyecto de ley resultaba inconveniente e inconstitucional, lo objetó y lo devolvió al congreso para el trámite pertinente.

Para el consumidor final no responsable del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, responsable del IVA en el régimen común, el momento para contabilizar el 35% del impuesto descontable, será en el período fiscal de IVA en que se haya causado o en los períodos inmediatamente siguientes, soportado por la factura de venta.

Mediante sentencia, la Corte Constitucional recordó que las acciones de recuperación del espacio público no pueden convertirse en la generación de mayor empobrecimiento al que ya se encuentran sometidos los vendedores ambulantes, por lo que se deben contrarrestar los efectos negativos que implica la recuperación del espacio público para esta minoría afectada con la acción estatal. Reitera la Corte que, al momento de formular y ejecutar políticas públicas, programas o medidas, se deben estudiar todas las dimensiones de dicha realidad que podrían resultar afectadas por la política, programa o medida en cuestión, incluida la situación de las personas que verán sus derechos severamente limitados, a quienes se deberá ubicar, por consiguiente, en una posición tal que no queden obligados a soportar una carga pública desproporcionada; con mayor razón si quienes se encuentran afectados por las políticas, programas o medidas pertinentes están en situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad económica.