Etiqueta: octubre 13 2017

Considerando que el artículo 10 de la Resolución 973 de 2015 establece que la tarjeta profesional debe entregarse personalmente al solicitante en el mes siguiente a su expedición, y que el artículo 11 de la misma resolución señala que la Junta Central de Contadores debe almacenar la tarjeta profesional por el término de seis meses contados a partir del mes siguiente a la fecha de expedición; el Comité de Registro de la Junta Central de Contadores, en su sesión del 29 de septiembre de 2017 ordenó la destrucción de 16 tarjetas de contadores públicos, 8 tarjetas profesionales de entidades prestadoras de servicios propios de la ciencia contable y 33 duplicados de tarjeta profesional de contador público, que excedieron los límites establecidos por la norma.

La contribución de valorización es una contribución especial que grava la propiedad inmueble y que constituye una contraprestación o pago que realizan quienes se ven beneficiados con un incremento en el valor de sus inmuebles, por la realización de una obra o la inversión realizada por una entidad estatal. La contribución de valorización es una renta o recurso propio impuesta por una entidad territorial mediante acto administrativo; los recursos obtenidos por la misma hacen parte del presupuesto de la entidad y constituyen una fuente de financiación de algún proyecto de inversión que se estime realizar y que está contenido en el plan de desarrollo. Por tal razón, no es correcto afirmar que si la contribución de valorización no alcanza para financiar un proyecto, la administración municipal debe financiar lo faltante con sus recursos propios, pues como ya se mencionó, la contribución de valorización es un recurso propio de la entidad territorial y no un aporte (o préstamo) que hace la comunidad para que el municipio haga una obra.

El CTCP señala que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en celebrar contratos de obra pública con entidades estatales deben presentar los estados financieros certificados y/o dictaminados según sea el caso; no es obligatorio adjuntar documentación como la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del representante legal, contador público y revisor fiscal. Dicha información será necesaria únicamente en caso de que la entidad pública que expida la licitación incluya este requerimiento como obligatorio dentro de la misma. Por otra parte, cuando el contador público firma los estados financieros de la sociedad, da fe pública de la información con un corte de tiempo específico, para lo cual el profesional adjunta su opinión mediante el dictamen correspondiente; en caso de muerte del profesional, los estados financieros mantendrán su calidad de estados financieros certificados y dictaminados, y podrán ser utilizados para los fines pertinentes mientras mantengan su vigencia.

La firma de los estados financieros en calidad de contador público o revisor fiscal no está condicionada a un vínculo laboral o contractual. La firma de los estados financieros manifiesta la fe pública de este profesional en cuanto a la razonabilidad y veracidad de los estados financieros, bien sea respecto a la preparación de los mismos en calidad de contador público, o respecto a la emisión de una opinión de la razonabilidad de las cifras contenidas en los mismos, en calidad de revisor fiscal.

La NICC 1 trata de las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros. Esta NICC debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables.

El CTCP precisa que el tratamiento contable de los contratos de comodato se medirá y reconocerá dependiendo de si existe transferencia sustancial de los riesgos y beneficios o no.

El CTCP precisa que el movimiento contable es un reporte de carácter general que puede reflejar las transacciones (débitos y créditos) registrados durante un período de tiempo determinado, respecto a una cuenta o un tercero en particular.

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995 establece la obligación por parte de una sociedad controlante de inscribir en el registro mercantil en documento privado el presupuesto que da lugar a la situación de control o de grupo empresarial dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control. Al respecto, cabe precisar que, si bien el artículo 30 se refiere a la sociedad controlante, el parágrafo del artículo 27 de la misma Ley 222 de 1995 señala con claridad que podrán considerarse como controlantes las personas naturales y las personas jurídicas de naturaleza no societaria “para todos los efectos legales”, por lo cual es claro que la publicidad exigida por la ley cobija todos los casos de control societario, sin distinguir acerca de los sujetos controlantes.