Etiqueta: octubre 3 2017

Las promociones son estrategias de mercadeo que emplean los anunciantes para motivar a los consumidores a comprar unos ciertos productos, al diseñar este tipo de mecanismos usualmente se contempla la posibilidad de ofrecer contenidos adicionales o precios menores a los habituales para un producto determinado. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, cuando se realicen promociones existe el deber de proporcionar la información mínima que permita al consumidor identificar de manera inequívoca las condiciones de la oferta y que impida una eventual confusión o inducción a error, con el consecuente quebrantamiento de las normas en materia de veracidad y suficiencia de la información.

Las normas sobre prácticas comerciales restrictivas prohíben y establecen sanciones para quienes incurren en conductas que tengan por objeto o como efecto la alteración de la libre competencia en el mercado, las cuales pueden revestir la forma de actos o acuerdos anticompetitivos o de abuso de posición dominantes. Así pues, cuando los oferentes coluden entre sí para distorsionar el proceso licitatorio, la adjudicación sería el producto de un acuerdo ilícito que contraría la libre competencia. En este sentido, cuando se realizan acuerdos entre los proponentes para no competir, para distribuirse adjudicaciones de contratos y concursos o fijar los términos de las propuestas, se está incurriendo en una práctica contraria a la libre competencia, tal y como lo describe el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

De acuerdo con el artículo 1.1.3.3 del Decreto 2420 de 2015, los primeros estados financieros de las entidades clasificadas en el grupo 3 empleando los nuevos marcos técnicos normativos debieron realizarse con corte al 31 de diciembre de 2015. Llevar a cabo un cronograma diferente al establecido en el artículo 3 del mencionado decreto es una violación evidente de la norma legal. Cabe recordar que el incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad con base en los principios de contabilidad de general aceptación en Colombia puede generar sanciones, que están contempladas en el Código de Comercio (artículo 58) y en otras normas (por ejemplo, el artículo 655 del ET), además de impedir que la contabilidad pueda ser utilizada como medio de prueba para efectos legales.

El uso de cuentas del activo y de pasivo para el registro de las cuotas extraordinarias de la copropiedad, sin afectar el estado de resultados, impide mostrar una parte importante de las actividades realizadas por la copropiedad durante el período y menoscaba la utilidad de los informes financieros. Por lo tanto, la causación inicial de las cuotas extraordinarias deberá ser realizada contra una cuenta del pasivo que podría ser denominada ingresos diferidos, y ser amortizada contra el estado de resultados en la medida en que se ejecuten las obras; los desembolsos para la realización de las obras deberán ser reconocidos como gastos en el estado de resultados. De esta forma, en el estado de resultados de la copropiedad se presentarán los gastos por obras y a su vez los ingresos generados por la amortización de las cuotas extraordinarias registradas inicialmente como un ingreso diferido, aspecto que no es visible cuando la cuota extraordinaria y los gastos por obras se contabilizan afectando únicamente las cuentas de balance.

El CTCP precisa que el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios es suministrado por la Junta Central de Contadores y es el medio para verificar si el contador público se encuentra habilitado para la prestación de servicios contables.

Los errores que se presenten de períodos anteriores deben ser corregidos con reexpresión retroactiva en caso de ser considerados materiales; en caso contrario, se reconocen en resultados en el período que se detectó el error.

La contabilización de venta de acciones que se tienen como inversiones a valor razonable con cambios en resultados está descrita en los párrafos 11.14 y 11.27 a 11.33 de la sección 11 del marco técnico normativo para pymes, y en los párrafos 5.2 y 5.7 de la NIIF 9.

La labor del revisor fiscal debe elaborarse con base en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– incorporadas en la parte 2 del título 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.