Así lo anunció el superintendente, Juan Pablo Liévano, quien aseguró que al sector empresarial se le estarían brindando mayores herramientas para afrontar los retos que se están presentando. La idea es mejorar el marco normativo con el que se genere seguridad jurídica, emprendimiento y legalidad.
En el Proyecto de ley 0070 radicado en agosto del 2015 se contempla la propuesta de que las sanciones que impondría la Supersociedades ya no serían de 200 salarios mínimos mensuales, sino que llegarían hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales. Además, tendría facultades para remover a los representantes legales, contadores y revisores fiscales.