Mediante el Decreto 939 de agosto 19 de 2021, se reglamentó el mecanismo de salvamento y recuperación, en virtud del cual la Dian se encuentra facultada para efectuar rebajas fiscales a deudores en procesos de insolvencia.
Conoce los detalles más importantes respecto a este beneficio.
Dian aplicará rebajas de sanciones, intereses y capital, sobre obligaciones por impuestos administrados por la entidad, a cargo de empresas afectadas por el COVID-19.
El Decreto 939 de 2021, que reglamenta el beneficio, establece diferentes opciones de plazos y montos.
El Decreto Ley 560 de 2020 plantea la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio, como dos herramientas para que las empresas que se declaren en insolvencia las usen.
A continuación, explicamos para quiénes aplica y sus características.
Acuerdos de reorganización empresarial pasaron de 1.190 (a diciembre 31 de 2019) a 1.685 (a junio 30 de 2021).
Se destacan medidas de insolvencia de los decretos legislativos 560 y 772 de 2020.
Empresas en procesos de insolvencia, afectadas por COVID-19, podrán emitir bonos de riesgos para recuperarse.
Un 78,86 % del total de las solicitudes corresponden a procesos de reorganización y un 21,14 % a solicitudes de liquidación.
Mediante este decreto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adiciona al Decreto 1074 de 2015 disposiciones referentes a la verificación de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha para las sociedades. Un aspecto importante que precisa la adición a la norma son las alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales, de manera que se establecen razones financieras que servirán a los administradores de la sociedad para alertar sobre detrimentos patrimoniales o riesgos de insolvencia; en todo caso, se deben tener en cuenta el modelo de negocio y los sectores en los cuales la sociedad desarrolla su objeto social.
Estas disposiciones se realizan considerando que el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 estableció como causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio, de igual manera, atendiendo a las disposiciones del DUR 2420 de 2015 acerca de la elaboración de los estados financieros de propósito general bajo la hipótesis de negocio en marcha.
De esta cifra, 1.002 fueron solicitudes de reorganización y 290 de liquidación, con un crecimiento de 1,57 % respecto a las 1.272 presentadas en 2019.
Las cámaras de comercio aplicarán el procedimiento de recuperación empresarial para preservar las empresas y el empleo.
Estas ofrecen alternativas a deudores y acreedores para que resuelvan sus diferencias, a través de un mediador, y negocien las acreencias en tres meses.
A continuación, podrás conocer quiénes califican como grandes contribuyentes por los años gravables 2021 y 2022, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 009061 del 10 de diciembre de 2020.
¿Se deben practicar retenciones a título de renta y de IVA a sociedades que se acojan a los procesos de insolvencia según la Ley 1116 de 2006?
¿La decisión de acogerse al régimen de insolvencia regulado por la Ley 1116 de 2006 puede generar la pérdida de la denominación de gran contribuyente?
Si una empresa se acoge al Decreto Ley 560 de 2020 que trata sobre el régimen de insolvencia, ¿debe presentar sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento? ¿Qué estados financieros deben elaborar las entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha?