Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Corte Suprema de Justicia señala que, aunque el derecho al trabajo y el de la seguridad social tienen una estrecha relación, derivada fundamentalmente de vinculaciones subordinadas, difieren en que el primero regula y resuelve diferencias que se enmarcan en un nexo subordinado, mientras que el segundo no se limita a este, sino que cobija todo tipo de relaciones, en las que fundamentalmente se expresa la condición de ciudadano. Es decir que, para que aplique el derecho laboral, se debe estar ante una relación de carácter subordinado sujeta a la disyuntiva empleado–empleador y para que opere el derecho a la seguridad social, se requiere reivindicar la condición de ciudadanía. Lo anterior tiene repercusiones valiosas en las organizaciones de tendencia (aquellas que tienen como fin esencial la difusión de una ideología, pensamientos o creencias; por ejemplo, las ordenaciones religiosas), las cuales son una excepción al ámbito laboral, pues, aunque admite que fuera de ellas queda la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, no las exime de la obligación que tienen de asumir la protección a la seguridad social de quienes las integran, pues la autonomía que se les otorga, en este caso específico a las confesiones, derivada de la libertad religiosa inserta en la Constitución Política, no es de carácter absoluto, pues se reconoce un límite propio, que emana del contenido de los derechos fundamentales y del principio de laicidad del Estado.
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