Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Ley 986 del 2005 se promulgó con el objetivo de establecer un sistema de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, en virtud del principio de solidaridad social y del cumplimiento de los deberes del Estado consagrados en la Constitución Política. En ella, estableció los requisitos y procedimientos para su aplicación, sus instrumentos jurídicos, sus destinatarios, y los agentes encargados de su ejecución y control. Dicha ley estableció beneficios en cuanto a la continuidad de los pagos de salarios, honorarios, prestaciones sociales y pensiones de la persona secuestrada, instrumentos de protección en materia de salud y educación, e hizo mención sobre los aspectos tributarios.
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