Etiqueta: semana 10 de julio

Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre cooperación y seguridad de información», suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre el fomento y protección recíprocos de inversiones”, suscrito en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes de julio de 2014.

Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel”, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 y el “Canje de Notas entre la República de Colombia y el Estado de Israel”, por medio de la cual se corrigen errores técnicos del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel», efectuado el 13 de noviembre de 2015.

El capítulo IV de la Ley 1819 de 2016 estableció la destinación y el hecho generador del impuesto de alumbrado público, incluyendo la facultad para que los municipios y distritos, a través de los concejos municipales y distritales, adopten el impuesto de alumbrado público o una sobretasa no superior al uno por mil de la base de liquidación del impuesto predial, con el fin de cubrir el costo por la prestación del servicio; además, el artículo 351 de la mencionada ley señaló que el Ministerio de Minas y Energía tendría la tarea de establecer una metodología que permite a los municipios determinar los costos de la prestación del servicio de alumbrado público. Por lo anterior, dicho ministerio publicó un proyecto de decreto mediante el cual reglamentaría la prestación del servicio de alumbrado público y fijaría la metodología para la determinación de los costos de la prestación del mencionado servicio, siendo necesario modificar algunos artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015.

Debido a la modificación del artículo 424 del ET introducida por la Ley 1819 de 2016, se hace necesario reglamentar lo establecido en el numeral 10 de dicho artículo, referente a la exclusión del IVA a vehículos de transporte público y, por ende, sustituir los artículos reglamentarios desarrollados en el DUR 1625 de 2016. Al respecto de este tema el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto a través del cual reglamentaría las condiciones y el procedimiento para acceder al beneficio de la exclusión del impuesto sobre las ventas, no solamente para vehículos y automotores destinados al transporte público de pasajeros y empleados solo a reposición, sino también, adecuar las condiciones para que opere la exclusión a la importación o venta de chasis con motor y su carrocería, para conformar un vehículo completo nuevo, destinados al servicio de transporte público de pasajeros, entendiéndose que se trata de vehículos completos y de aquellos chasis cuya carrocería es ensamblada posteriormente.

Debido a las comunicaciones de propietarios y operadores de hoteles que se encuentran en construcción, en las que se recomendaba ampliar el plazo de entrada de la documentación para acreditar la totalidad de los avances de las obras constructivas que se ejecuten hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió la Resolución 1235 del 28 de junio de 2017 con la cual amplia el plazo hasta el 28 de febrero de 2018 para que el representante legal del establecimiento hotelero o del operador, según el caso, pueda entregar la documentación que demuestre los avances de obras en la construcción de la infraestructura hotelera ejecutada hasta el 31 de diciembre del año 2017.

La DIAN precisa que la educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes educación no formal, y las condiciones exigidas para que los establecimientos que prestan el servicio de este tipo de educación sean reconocidos como tales por el Gobierno (cumpliendo así con los presupuestos previstos en el numeral 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario para que el servicio se encuentre excluido del IVA) están debidamente reguladas, entre otros, por el artículo 36 de la Ley 115 de 1994, el artículo 3 de la Ley 1064 de 2006 y los artículos 2.6.3.1 a 2.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015.

La Corte Suprema de Justicia señala que, aunque el derecho al trabajo y el de la seguridad social tienen una estrecha relación, derivada fundamentalmente de vinculaciones subordinadas, difieren en que el primero regula y resuelve diferencias que se enmarcan en un nexo subordinado, mientras que el segundo no se limita a este, sino que cobija todo tipo de relaciones, en las que fundamentalmente se expresa la condición de ciudadano. Es decir que, para que aplique el derecho laboral, se debe estar ante una relación de carácter subordinado sujeta a la disyuntiva empleado–empleador y para que opere el derecho a la seguridad social, se requiere reivindicar la condición de ciudadanía. Lo anterior tiene repercusiones valiosas en las organizaciones de tendencia (aquellas que tienen como fin esencial la difusión de una ideología, pensamientos o creencias; por ejemplo, las ordenaciones religiosas), las cuales son una excepción al ámbito laboral, pues, aunque admite que fuera de ellas queda la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, no las exime de la obligación que tienen de asumir la protección a la seguridad social de quienes las integran, pues la autonomía que se les otorga, en este caso específico a las confesiones, derivada de la libertad religiosa inserta en la Constitución Política, no es de carácter absoluto, pues se reconoce un límite propio, que emana del contenido de los derechos fundamentales y del principio de laicidad del Estado.

El Ministerio de Salud recuerda que, de acuerdo con el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012 de Código General del Proceso, cuando el servicio de salud sea suministrado por particulares, se pueden embargar los bienes utilizados en la prestación de dicho servicio, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de las empresas industriales.

La DIAN precisa que el alcance de la exclusión del parágrafo del artículo 424 del ET debe ser entendida dentro del supuesto de la venta del crudo recibido por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de pago de regalías, en razón a la estructura del IVA y al contenido de la disposición legal.

En un esquema de prestación del servicio de alimentación escolar realizado con recursos públicos, en el que hay lugar a realizar actividades necesarias que se prestan de manera separada por diferentes operadores (compra de alimentos, almacenamiento, ensamble y distribución), al estar comprendidas dentro del concepto de alimentación escolar y ser concurrentes con el objeto y naturaleza del contrato principal de alimentación, están excluidas del impuesto a las ventas en los términos del numeral 19 del artículo 476 del Estatuto Tributario.

La DIAN precisa que en atención a la derogatoria del numeral 4 del artículo 437-2 del ET realizada por la Ley 1819 de 2016, las entidades pertenecientes al régimen común no deben practicar retención en la fuente por concepto del impuesto sobre las ventas en las compras de bienes corporales muebles o servicios gravados a personas que pertenezcan al régimen simplificado. En lo referente al artículo 1.3.2.1.9 del Decreto 1625 de 2016, que trata sobre la retención del IVA en la venta de chatarra, la DIAN señala que, pese a que se encuentra vigente, es preciso comprender que sufrió un decaimiento parcial en vista de que la norma (numeral 4 del artículo 437-2 del ET) que le servía de sustento fue derogada.