Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En las copropiedades de uso residencial la revisoría fiscal no es de carácter obligatorio, pero la asamblea puede nombrar de forma voluntaria un revisor fiscal. Este no tendría inhabilidad o incompatibilidad, o algún tipo de restricción para participar en las reuniones de los órganos de administración.
Considerando que mediante la Resolución 2389 de 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social integró el sistema general de riesgos laborales –SGRL– al sistema de afiliación transaccional –SAT–, el 5 de noviembre del año en curso la entidad en mención expidió la Resolución 2945, a través de la cual introdujo cambios en lo que respecta a la entrada en funcionamiento del SGRL en el SAT.
Dentro de los cambios efectuados podemos resaltar, entre otras modificaciones, que si se constituye una empresa a partir del 1 de enero de 2020, esta podrá realizar la afiliación de sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales –ARL–, así como el reporte de novedades mediante el SAT. De igual manera, a partir del 6 de febrero de 2020 la ARL también deberán haber reportado al SAT la información de los empleadores y afiliados al SGRL.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– recomienda que las modificaciones a la NIC 19 y la CINIIF 23 sean aplicables a partir del 1 de enero de 2020, permitiéndose su entrada en vigor anticipada.
Sin embargo, para que ello sea posible, se requiere que las autoridades de regulación emitan el decreto correspondiente.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– reitera que la sanción interpuesta por la Junta Central de Contadores –JCC– no es una limitante para que el contador público expida certificaciones para una licitación pública. No obstante, la empresa licitante debe determinar si se materializa algún tipo de inhabilidad por parte de los candidatos cuando presenten licitaciones firmadas por un contador público que haya sido sancionado.
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