Etiqueta: semana 11 de septiembre

La Orientación No. 15 «Copropiedades de usos Residencial o Mixto (Grupo 1, 2, 3)», expedida por el CTCP, explica, entre otros temas, lo referente a la definición y forma de reconocer contablemente los bienes de uso común esenciales y no esenciales, y los de dominio de la copropiedad, bien sean desafectados o adquiridos por ella.

La responsabilidad por la elaboración de los estados financieros que se colocan a disposición de los copropietarios en una propiedad horizontal es de la administración de la copropiedad, y por ende le corresponderá a ella, con fundamento en el marco de información financiera que resulte aplicable, establecer las políticas contables que deben ser aplicadas al elaborar y presentar los estados financieros de propósito general. Para cumplir los requerimientos de revelación, un resumen de las políticas contables significativas debe ser incluido en las notas a los estados financieros. Por consiguiente, aunque no es responsabilidad de la Asamblea de Copropietarios aprobar las políticas contables, no significa que no deba estar informada sobre las mismas, las cuales, se entiende, cumplen con los requisitos del marco de información financiera aplicado por la copropiedad.

El dictamen hace parte integral de los estados financieros certificados, y, como tal, una responsabilidad que el revisor fiscal debe cumplir en el período para el cual fue nombrado. Ahora bien, cabe señalar que un revisor fiscal nombrado para una vigencia no puede dictaminar estados financieros de vigencias anteriores.

El CTCP señala que para determinar la forma adecuada de contabilización de los convenios de asociación es fundamental que se establezcan los derechos y obligaciones que se incorporan en el acuerdo. Así pues, si el convenio de asociación cumple las condiciones para ser considerado una subvención del gobierno deberá aplicarse lo establecido en la NIC 20 o en la sección 24 del marco técnico contable para pymes, dependiendo de si la entidad aplica el marco de información financiera de una entidad clasificada en el grupo 1 o 2 respectivamente. Para el caso de una subvención del gobierno que impone condiciones, es posible registrar los recursos recibidos como ingresos diferidos, los cuales serán amortizados en la medida en que se cumplan las condiciones, registrando un ingreso en el estado de resultados, generándose una mejor correlación con los gastos que son registrados en el estado de resultados cuando se cumplen las condiciones para su reconocimiento.

De acuerdo con el párrafo 41 de la NIC 8 «Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores», las equivocaciones de transcripción en las notas a los estados financieros se consideran errores. Sin embargo, debe evaluarse si el error es o no intencional. Asumiendo que no sea intencional, debe considerarse el impacto que el error pueda tener en la interpretación que un usuario de la información le pueda dar a los estados financieros. Si el impacto no es significativo, el error se puede corregir al conocerse. Si la detección ocurre después de haber sido aprobados los estados financieros, será necesario convocar de nuevo al máximo órgano social, dado que no hay facultad legal para aprobar cambios en los estados financieros que ya han sido autorizados por el máximo órgano social.

El CTCP precisa que las iglesias y organizaciones religiosas que estén obligadas a llevar contabilidad deben cumplir lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y en sus decretos reglamentarios (Decreto 2420 de 2015 y sus anexos).

El CTCP señala que para efectos de constituir el fondo de imprevistos, lo adecuado es trasladar los excedentes a una reserva con destinación específica, y simultáneamente constituir el fondo mediante la reclasificación del efectivo a la cuenta activa de fondo de imprevistos.

Los criterios para la contabilización de los contratos de concesión en los estados financieros de propósito general del concesionario o del vehículo de inversión que se crea para la administración y gestión de los recursos, están contenidos en la CINIIF 12, o en la sección 34 de los anexos 1 o 2 del Decreto 2420 de 2015.

Referente a si el revisor fiscal de una sociedad puede ordenar al asistente contable agregar o modificar registros contables de la información que el está fiscalizando, el CTCP señala que este tipo de actuaciones va en contra de las funciones establecidas en la ley, por lo cual se materializaría una coadministración por parte de este profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la Contaduría Pública compilado en el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

En los estados financieros que se colocan a disposición de los usuarios que no tienen acceso a la información de la entidad se incorporarán las revelaciones necesarias para que ellos puedan conocer las diferencias entre los requerimientos generales del marco de información financiera y los requerimientos especiales de las autoridades de supervisión.

Una entidad obligada a llevar contabilidad de conformidad con los nuevos marcos de información financiera también deberá dar cumplimiento a los requerimientos especiales de las autoridades de supervisión y otras disposiciones legales. La obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil de los grupos económicos se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

Respecto con la contabilización de los daños en la copropiedad y la indemnización recibida, es importante que se precise si los recursos transferidos por la compañía de seguros corresponden a una póliza pagada por la copropiedad o por los titulares de los locales, o si ella cubre otros riesgos distintos de los relacionados con las zonas comunes de la copropiedad. En caso de que en el registro se hayan incorporado otros valores distintos a los de las zonas comunes, le corresponderá a la copropiedad y a la compañía de seguros establecer el monto de la indemnización recibida por cada concepto, y aplicarla de acuerdo con los compromisos contractuales o las directrices establecidas en el reglamento de copropiedad.