Etiqueta: semana 23 de octubre

Una vez el profesional cumpla con los parámetros establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley 43 de 1990, y se obtengan los registros pertinentes ante los órganos competentes, podrá ejercer la contaduría pública de manera independiente o a través de una sociedad de contadores.

La Supersociedades reitera que el saldo de ganancias acumuladas generado por la aplicación por primera vez del nuevo marco de principios que permanezca al final del período de transición, y que genera el ajuste en los libros oficiales, no es susceptible de ser distribuido como dividendo a los socios o accionistas durante el período de aplicación del marco normativo o en otros períodos, mientras no se haga efectiva la entrada de fondos correspondiente, dado que no surge de la actividad normal del período sino de ajustes producto del cambio de las bases de reconocimiento y medición, que solo ocurre por aplicar el nuevo marco normativo. Los orígenes de dicho ajuste pueden ser diversos, por lo que será responsabilidad de cada entidad establecer los impactos que estos generan al determinar la razonabilidad de los últimos estados financieros elaborados sobre la base local y al emitir su certificación o dictamen.

El CTCP precisa que la definición del método de depreciación debe hacerse en función de las condiciones de uso del activo y el cambio de dicho método se deberá contabilizar como un cambio de estimación contable.

Respecto al registro contable del reparto de utilidades de un consorcio a su consorciados, el CTCP señala que en el método de participación, las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 en aquellos casos en que el contribuyente no presentara dentro del plazo establecido la declaración anual de activos en el exterior, se aplicaba la sanción establecida en el artículo 651 del ET. Sin embargo, con la adición del parágrafo 1 al artículo 641 del ET realizada mediante el artículo 283 de ley antes mencionada, se estableció una sanción específica para efectos de la presentación extemporánea de la declaración anual de activos en el exterior disponiendo un tope máximo de sanción equivalente al 25 % de los activos poseídos en el extranjero, y una tarifa clara dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre la omisión, siendo del 1.5 % por caca mes o fracción antes de emplazamiento previo por no declarar y del 3 % por cada mes o fracción de retardo si la presentación es con posterioridad a dicho emplazamiento.

Respecto al beneficio identificado como “apoyo económico a la reintegración”, el artículo 3 del Decreto 1391 de 2011 señala expresamente que “no es fuente de generación de ingresos, y no puede ser otorgado de forma indefinida». Lo anterior permite concluir que la finalidad de este beneficio es permitir unas condiciones básicas que faciliten la reintegración a la vida social y económica de quienes vuelven a la vida civil, con un elemento de temporalidad claramente establecido, y que las sumas que perciben en virtud del mismo corresponden a unos mínimos, que por disposición expresa de la norma citada, no tienen vocación de generar renta. Dicha norma se encuentra vigente y se presume legal, razón por la cual el mencionado apoyo económico no está sujeto al impuesto de renta y, por lo mismo, tampoco es objeto de retención en la fuente.

La Dian precisa que las personas extranjeras con residencia fiscal en el país están obligadas a tributar sobre la totalidad de su rentas mundiales a partir de su primer año de residencia en Colombia.

Las notas a los estados financieros no requieren ser firmadas ya que hacen parte integral del conjunto de estados financieros y estos son certificados por el contador público y el representante legal.

Todas las entidades obligadas a llevar contabilidad que pertenezcan al sector privado deberán implementar uno de los tres marcos técnicos normativos contenidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones.

El CTCP aclara que las cuentas por cobrar de una copropiedad tienen un componente por cuota ordinaria y otro por el fondo de imprevistos.

Los contadores públicos independientes que en sus actuaciones profesionales distintas de la revisoría fiscal realicen trabajos de auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, contenidas en el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015, según corresponda.

El CTCP señala que las entidad del grupo 2 deben reconocer los ingresos por la prestación de servicios cuando se den los criterios de reconocimiento establecidos en el párrafo 23.14 del marco técnico normativo para pymes.