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La Corte Constitucional recuerda que cuando las personas no logran acreditar las exigencias dispuestas por el legislador para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, opera una prestación compensatoria denominada indemnización sustitutiva de la pensión. Para realizar la liquidación de la indemnización sustitutiva, los fondos administradores encargados de su reconocimiento deben tener en cuenta todos los aportes efectuados al sistema, inclusive aquellos realizados antes de que la Ley 100 de 1993 entrara en vigencia. Al respecto, es importante tener en cuenta que la indemnización sustitutiva no está condicionada a límites temporales de acuerdo al artículo 37 de la Ley 100 de 1993, por lo que los administradores encargados de su concesión no pueden exigir a los usuarios la realización de cotizaciones al sistema con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley. Por otra parte, cabe señalar que la indemnización sustitutiva está sujeta a las normas de prescripción desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad responsable, previa solicitud del interesado, pues aquel puede escoger libremente si cotiza hasta acceder a la pensión de vejez, o si solicita el reconocimiento de la indemnización sustitutiva.

El Ministerio de Hacienda señala que a quien corresponde la declaración y el pago de los derechos de explotación derivados del ejercicio del monopolio de producción será a la persona de derecho público o privado con la cual el departamento suscriba el contrato de que tratan los artículos 7 y 8 de la Ley 1816 de 2016.

Con respecto a la aplicación de la condición especial de pago señalada en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, el Ministerio de Hacienda precisa que los pagos realizados por los contribuyentes “deberán imputarse al período e impuesto que estos indiquen”, es decir, que se trata de una decisión autónoma del contribuyente que debe ser acatada por la administración, sin que le sea dado a esta exigir el pago de otros períodos o tributos como condición para la aplicación de los pagos realizados por el contribuyente.

Con relación al impuesto de industria y comercio, el Ministerio de Hacienda precisa que, considerando que el legislador se ha encargado de definir los tres grupos de actividades gravadas con el ICA, y que el establecimiento y reglamentación de los tributos municipales es una atribución del concejo municipal o distrital supeditada a lo que ordene la constitución o la ley, a partir de enero de 2017 la definición de actividades de servicios que pueden ser gravadas por los municipios con el impuesto de industria y comercio es la señalada por la Ley 1819 de 2016, aun sin ser incorporada en el acuerdo municipal. En sintonía con esto, cabe señalar que la anterior definición legal de actividad de servicios ha sido derogada y que, en consecuencia, la misma definición contenida en los acuerdos municipales existentes a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 perdió vigencia por decaimiento al haber desaparecido la definición legal que le daba sustento.

La Dian precisa que, en concordancia con la Sentencia C-647-10 de la Corte Constitucional, la expresión «y de sus fiscales» a que hace referencia el inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del ET, debe entenderse como referida a los procuradores delegados y agentes del Ministerio Público que concurren en los trámites judiciales, previstos en su momento por la Ley 25 de 1974.

El literal b) del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 autoriza a las asambleas departamentales para establecer tributos, tales como estampillas, tasas o sobretasas a contratos, obras públicas, interventorías, concesiones o demás que sean de competencia del orden departamental, para lo cual deberá fijar mediante ordenanza los elementos del tributo, entre estos, las tarifas, sujetos pasivos, hechos generadores y demás aspectos necesarios para su administración y recaudo.

El Ministerio de Hacienda señala que, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, le corresponde a cada concejo distrital o municipal definir los elementos estructurales del impuesto de delineación urbana, dentro de los límites que señala la constitución y la ley. Asimismo, para establecer el procedimiento que debe seguir el municipio para la liquidación del impuesto de delineación urbana, se debe acudir al estatuto municipal y demás normas locales.

La Dian precisa que los costos y deducciones de las cédulas no laborales y de capital pueden ser objeto de disminución (y sin límite) si tienen relación de causalidad con la renta y cumplen todos los requisitos de acuerdo con la regulación de las rentas cedulares y su depuración señaladas en el artículo 1º y siguientes de la Ley 1819 de 2016. Por otra parte, precisa que el artículo 512-14 del ET reguló el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, imponiéndole las obligaciones del artículo 506 del ET que son las obligaciones que tienen los responsables del régimen simplificado del IVA, asimilando las obligaciones que deben cumplir los responsables del régimen simplificado de los impuestos.

Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan, así como los que se remodelen y/o amplíen el servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio de Medio Ambiente, y los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta y la tarifa del 9 %, por el término durante el que se le concedió la renta exenta inicialmente, estando exonerados del pago de aportes parafiscales y salud correspondiente a sus trabajadores que devenguen menos de 10 smmlv. Dichos ingresos también estarán sometidos a retención en la fuente.

La Dian precisa que el responsable y el sujeto pasivo del impuesto sobre las ventas en ocasiones suele ser el mismo sujeto. En ese orden, los distribuidores mayoristas y comercializadores industriales serán sujetos pasivos del IVA cuando realicen uno de los hechos generadores del impuesto señalados en el artículo 420 del ET, en consonancia con el artículo 421 del mismo estatuto.

Se precisa que en las entidades sin ánimo de lucro únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al representante legal, siempre y cuando la entidad demuestre el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. Para ello, el representante legal deberá tener vínculo laboral. Cabe señalar que lo anterior no le es aplicable a los miembros de la junta directiva.

La Dian precisa que no es posible acogerse a la reducción de la sanción por inexactitud en los términos del artículo 713 del ET, y sobre el mismo acto, acogerse a la terminación por mutuo acuerdo consagrada en el artículo 306 de la Ley 1819 de 2016 para obtener el beneficio de la reducción de la sanción.