Etiqueta: septiembre 29 2017

Por la cual se modificarían los anexos técnicos No. 001, 002, 003 y 005 de la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016 (con la cual se prescribió el sistema técnico de control para la factura electrónica) y se adiciona el anexo 006.

Frente a la posibilidad de que el heredero de un accionista fallecido ceda la totalidad o parte de sus derechos hereditarios pretendiendo ceder así la condición de accionista del causante en una sociedad en la cual se ha pactado el derecho de preferencia para la negociación de las acciones, la Supersociedades precisa que tal operación resulta perfectamente viable, siempre que una vez adjudicada la participación accionaria dentro del proceso sucesorio y previamente a la inscripción de tal adjudicación en el libro de registro de accionistas, respecto de la parte accionaria cedida por el heredero, se surta el procedimiento estatutaria o legalmente establecido para agotar la posibilidad con que cuentan los demás accionistas para acceder con preferencia a la propiedad de las acciones.

Una entidad que no haya preparado sus primeros estados financieros con fundamento en los nuevos marcos de información financiera estará expuesta a diversas contingencias de índole comercial, civil y tributaria, dado que sus libros y los estados financieros preparados a partir de ellos no satisfacen los requerimientos legales, y por lo tanto, no constituye plena prueba lo que en ellos se consigna.

Dentro de las funciones del CTCP no se encuentra la de hacer veeduría sobre estados financieros. Por ello, se sugiere contratar los servicios de un auditor externo que exprese una opinión independiente sobre si los estados financieros están preparados sobre la base de los nuevos marcos técnicos normativos vigentes en Colombia.

El CTCP recuerda que los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del período contable en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios al patrimonio.

Mediante la Sentencia C-517 del 10 de agosto de 2017, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del Decreto 731 de 2017, por el cual se dictan medidas tributarias dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa – Departamento del Putumayo. Asimismo, declaró exequibles los artículos 7 y 8 del mencionado decreto, en el entendido que los beneficios en el tratamiento en la retención en la fuente e impuesto sobre la renta otorgados a las personas jurídicas comprenden también a las personas naturales que realicen actividades industriales o comerciales y respecto de las rentas derivadas de dichas actividades.

Al resolver recurso de apelación, el Consejo de Estado señaló que, al no ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por efecto de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, el contribuyente no se encontraba obligado a presentar la declaración y realizar el pago de dicho impuesto por el año gravable 2011, y que como consecuencia, al no existir valor a cargo sobre el cual liquidar la sobretasa de este impuesto, tampoco habría lugar a la misma. Al respecto, señaló también que el Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 expedido por la Dian, en el cual la administración señalaba que el impuesto al patrimonio contenido en la Ley 1370 de 2009 constituía un nuevo impuesto que no era objeto de estabilidad jurídica, fue anulado por la sentencia del 30 de agosto de 2016 (Expediente 18636) al determinar que la Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111 de 2006. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 estaba amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que este se hubiere pactado, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

La Corte Suprema de Justicia precisa que, aunque inicialmente había sostenido que las compañeras permanentes del pensionado que falleciera con anterioridad a la vigencia de la Ley 113 de 1985, no tenían derecho a la sustitución pensional, en tanto este derecho solo era transmitido a las viudas, tal como lo disponía el artículo 1º de la Ley 33 de 1973, sí era posible la transmisión a las compañeras permanentes cuando el afiliado moría antes de reunir el requisito de la edad, pero con el tiempo de servicio (artículo 1º de la Ley 12 de 1975); sin embargo, reexaminó esta postura para concluir que no existía algún argumento lógico que indicara que el legislador, al expedir el artículo 1º de la Ley 12, tuviera la intención de consagrar un trato diferenciado para la compañera permanente del trabajador que fallece con el tiempo de servicio necesario para adquirir la pensión, pero sin reunir el requisito de la edad, frente a aquel que fallecía pensionado, o con derecho a esa prestación, ya que no existía un fundamento para ese proceder, pues, con mayor razón, tiene derecho al disfrute de la pensión de sobrevivientes la compañera permanente del trabajador que fallece con el tiempo de servicio y con la edad requerida.