La Dian concluye que, aunque la modificación realizada por la Ley 1943 de 2018 al numeral 11 del artículo 879 del ET contenga puntos suspensivos, estos no indican que los incisos segundo y tercero de dicho numeral hayan sido derogados, y por ende se encuentran vigentes dentro del ordenamiento jurídico tributario.

La Dian concluye que la disposición antielusiva estipulada en el artículo 90 del ET, que regula el precio mínimo de enajenación de activos y prestación de servicios, en principio no resulta aplicable para la contratación pública.

En vista de que el pago de los aportes parafiscales se efectúa sobre el valor de la nómina mensual por salarios y demás conceptos que los integran, deberá entenderse que no existe obligación legal para el empleador de liquidar y pagar los aportes parafiscales respecto de los trabajadores que se encuentran en incapacidad temporal.

La Dian indica que la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social significa para la entidad un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, aunque a dichas utilidades les sea aplicable la tarifa especial de dividendos y participaciones establecida en los artículos 242,242-1 y 245 del ET.

La Dian indica que, para los gastos incurridos en las etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento, el contribuyente debe aplicar el modelo de activo intangible descrito en el artículo 32; mientras que para los gastos propios de la etapa precontractual definida en la L. 80 de 1993, el contribuyente debe aplicar el tratamiento general previsto en el artículo 107 del ET.

La Dian indica que el factoring también puede ser desarrollado por empresas legalmente autorizadas como personas jurídicas inscritas en cámara de comercio, sea que realicen estas actividades como objeto social exclusivo o que dentro de su objeto incluyan estas operaciones y otras actividades comerciales, y que así lo evidencien en su objeto social.

Mediante la Sentencia C-002-18 de 31 de enero de 2018, la Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre el texto modificado por la Ley 1819 de 2016 (parcial), por ineptitud de la demanda.

La publicación de los gastos en los que incurrirá una campaña política, publicación efectuada por el Consejo Nacional Electoral a propósito de los partidos o movimientos políticos por él aprobados, se encuentra gravada con el impuesto sobre la renta. Para las personas naturales candidatas, la reposición de gastos que correspondan a donaciones recibidas y gastadas conforme con la ley son ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio del beneficiario.

La Corte Constitucional recuerda que la incapacidad laboral de origen común no suspende el contrato, ni el derecho a recibir prerrogativas prestacionales, pues no está prevista como causal ni como efecto que habilite al empleador para descontar el tiempo de la liquidación de ciertas prestaciones sociales.

La Dian indica que las obligaciones del agente de retención surgen por mandato legal independiente de la inscripción en el RUT. El incumplimiento de la actualización de este registro acarrea sanciones administrativas.

Los intereses presuntos del artículo 35 sólo se generan en los préstamos en dinero que las sociedades les otorguen a sus socios o accionistas.

Mediante la presente doctrina, la Dian indica que las entidades de economía mixta organizadas bajo los principios de economía solidaria tienen la calidad de contribuyentes del impuesto sobre la renta.

Mediante la presente sentencia la Corte Constitucional declara exequible la parte final del artículo 45 del ET, considerando que el mismo no viola el principio de legalidad tributaria.

La Dian indica que el saldo de la cuenta de revalorización forma parte del patrimonio del contribuyente, pero que el valor reflejado en ella no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas hasta tanto se liquide la empresa o se capitalice tal valor de conformidad con lo previsto en el artículo 36-3 del ET.

Mediante la presente doctrina, la Dian indica que las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el 90% o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. Cabe resaltar que esta clase de empresas y las de economía mixta son contribuyentes del impuesto sobre la renta asimiladas a sociedades anónimas.

Mediante la presente doctrina, la Dian indica que sin importar el nivel administrativo a que pertenezcan las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son contribuyentes del impuesto sobre la renta.

La Dian indica que, para la aplicación del artículo 76-1 del ET, se requiere que concurran los siguientes supuestos: (i) la distribución de dividendos o participaciones en acciones o cuotas de interés social, (ii) que las acciones o cuotas de interés social que poseía el accionista o socio antes de la distribución hayan sido adquiridas por un valor superior al nominal y (iii) que las utilidades o reservas distribuidas existieran con anterioridad a la fecha de adquisición de las acciones o cuotas de interés social.

La Dian indica, respecto a los fondos públicos, que cuando sus recursos provengan de impuestos nacionales, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta, tengan o no personería jurídica.

La Corte Constitucional declara la exequibilidad del inciso 1 del Decreto 624 de 1989, que reprodujo el artículo 2º, inciso 1, del Decreto 1979 de 1974. Estándose a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-587 de 1995, en virtud de la cual se declaró exequible el inciso 1 del artículo 16 del Estatuto Tributario.

La Corte Constitucional declara que, la calidad de contribuyentes que se otorga a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta en virtud del artículo 16 del ET, no vulnera ningún precepto constitucional.