Soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado; algunas de las prácticas de corrupción que vive nuestro país.
Por tercer año consecutivo Colombia mantuvo su puntaje de 39 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Existen condiciones que propician la corrupción en el país: las economías ilícitas, las barreras al control ciudadano y una cultura permisiva.
Para Fedesarrollo, se debe fortalecer la capacidad de la sociedad de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante.
El pago de sobornos en el sector privado está determinado por factores como la carga regulatoria y las capacidades de detección de prácticas de corrupción.
Se requiere una norma que brinde seguridad, protección y defensa jurídica a los denunciantes de actos corruptos.
En el país no hay medidas concretas para enfrentar la corrupción desde el enfoque de la protección de derechos humanos o de inclusión de género.
Aunque existe normativa enfocada en la lucha contra la corrupción en Colombia, la brecha en su implementación práctica impide la prevención de este flagelo.
Colombia está cerca de cumplir 10 años de estancamiento alrededor del tema de la corrupción. El país no avanza de forma significativa.
Mayor eficacia y transparencia en el poder judicial y fortalecer canales internos de denuncia y protección a denunciantes, algunas ideas de Transparencia Internacional.
Para Transparencia por Colombia hay que avanzar en una reforma política de fondo con medidas efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas.
Existe la necesidad de proteger a los denunciantes de actos de corrupción, tanto para casos de soborno trasnacional como a nivel nacional.
Más de dos tercios de los países muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019.
A cuatro semanas de las elecciones, solo el 3 % de los candidatos inscritos a las elecciones han rendido cuentas a través del aplicativo Cuentas Claras. Los ingresos principales se siguen originando en fuentes privadas, y la propaganda electoral es el principal gasto de campañas.
La mentalidad del 78 % de los colombianos indica que, si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. A su vez, el 58 % afirma que es poco probable que reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas. En nuestro país hay una fuerte cultura de compra de votos.
A cinco semanas de las elecciones sólo el 3% de los candidatos inscritos a las elecciones territoriales han rendido cuentas, según el aplicativo Cuentas Claras del CNE.
Mucho se ha hablado de la posibilidad de eliminar la Ley de garantías, sin embargo, desde el punto de vista de Transparencia por Colombia, hacerlo dejaría dudas y las puertas abiertas para que el flagelo de la corrupción toque temas como la financiación de las campañas y la rendición de cuentas.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia afirma que aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales y una voluntad inquebrantable que no tolere ningún acto de corrupción.
