Existen condiciones que propician la corrupción en el país: las economías ilícitas, las barreras al control ciudadano y una cultura permisiva.

Para Fedesarrollo, se debe fortalecer la capacidad de la sociedad de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante.

El pago de sobornos en el sector privado está determinado por factores como la carga regulatoria y las capacidades de detección de prácticas de corrupción.
Se requiere una norma que brinde seguridad, protección y defensa jurídica a los denunciantes de actos corruptos.

En el país no hay medidas concretas para enfrentar la corrupción desde el enfoque de la protección de derechos humanos o de inclusión de género.
Aunque existe normativa enfocada en la lucha contra la corrupción en Colombia, la brecha en su implementación práctica impide la prevención de este flagelo.

Colombia está cerca de cumplir 10 años de estancamiento alrededor del tema de la corrupción. El país no avanza de forma significativa.

Mayor eficacia y transparencia en el poder judicial y fortalecer canales internos de denuncia y protección a denunciantes, algunas ideas de Transparencia Internacional.

Para Transparencia por Colombia hay que avanzar en una reforma política de fondo con medidas efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas.

Existe la necesidad de proteger a los denunciantes de actos de corrupción, tanto para casos de soborno trasnacional como a nivel nacional.

Más de dos tercios de los países muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019.

A cuatro semanas de las elecciones, solo el 3 % de los candidatos inscritos a las elecciones han rendido cuentas a través del aplicativo Cuentas Claras. Los ingresos principales se siguen originando en fuentes privadas, y la propaganda electoral es el principal gasto de campañas.

La mentalidad del 78 % de los colombianos indica que, si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. A su vez, el 58 % afirma que es poco probable que reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas. En nuestro país hay una fuerte cultura de compra de votos.

A cinco semanas de las elecciones sólo el 3% de los candidatos inscritos a las elecciones territoriales han rendido cuentas, según el aplicativo Cuentas Claras del CNE.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de eliminar la Ley de garantías, sin embargo, desde el punto de vista de Transparencia por Colombia, hacerlo dejaría dudas y las puertas abiertas para que el flagelo de la corrupción toque temas como la financiación de las campañas y la rendición de cuentas.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia afirma que aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales y una voluntad inquebrantable que no tolere ningún acto de corrupción.

Según la investigación “Corrupción en territorios de paz”, salud y educación son los sectores más afectados por hechos de corrupción, abarcando más del 32 % de estos. Serían 495 actores los relacionados con corrupción, entre servidores públicos, autoridades y empleados de empresas privadas.

Existen vacíos del Gobierno en el compromiso con la lucha contra la corrupción: falta mayor liderazgo en el trámite de las leyes presentadas al Congreso y el Plan Nacional de Desarrollo debe profundizar la estrategia para la lucha contra la corrupción como parte de sus ejes de legalidad y equidad.

Votamos para que los congresistas se vieran obligados a hacer públicas su declaración de bienes y patrimonio, y así identificar los efectos que generan posibles irregularidades detectadas a partir de las declaraciones. Todo indica que solo los órganos de control tendrían acceso a esta información.

El presidente de la república, Iván Duque, le solicitó a los altos funcionarios de su gobierno publicar de forma anual y voluntaria su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable anterior.

Colombia cuenta con entidades que analizan diversos frentes en cuanto a rendición de cuentas se refiere, entre otros: la contratación de funcionarios, convocatorias para empleos con sus respectivos salarios, declaraciones de bienes y rentas de servidores públicos, y actividades de lobby.

Para Transparencia Internacional, la legislación colombiana debe fortalecer su competencia investigativa con entidades como la Supersociedades y la Fiscalía General de la Nación; es urgente una ley que proteja a los denunciantes de actos de soborno e incentive a las empresas a adoptar programas de ética.

Las personas más propensas a cometer actos corruptos son individualistas y piensan en recompensas propias. Otra idea es que la corrupción se debe más al contexto social que a factores individuales. El resultado de la consulta anticorrupción deja mucho que desear de la mentalidad de los colombianos.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, entrega su punto de vista sobre diversos temas en los que debe trabajar el próximo presidente de los colombianos, cuando de corrupción se trata. Recuperar la confianza y legitimidad en las altas cortes, es uno de ellos.

Transparencia por Colombia analizó las propuestas de cinco candidatos a la presidencia del país en el tema de corrupción, tocando ítems como la transformación del sistema político, recuperación de la legitimidad de la justicia, y el logro de sanciones efectivas, entre otras. ¿Por cuál votaría usted?