Según la investigación “Corrupción en territorios de paz”, salud y educación son los sectores más afectados por hechos de corrupción, abarcando más del 32 % de estos. Serían 495 actores los relacionados con corrupción, entre servidores públicos, autoridades y empleados de empresas privadas.
Existen vacíos del Gobierno en el compromiso con la lucha contra la corrupción: falta mayor liderazgo en el trámite de las leyes presentadas al Congreso y el Plan Nacional de Desarrollo debe profundizar la estrategia para la lucha contra la corrupción como parte de sus ejes de legalidad y equidad.
Votamos para que los congresistas se vieran obligados a hacer públicas su declaración de bienes y patrimonio, y así identificar los efectos que generan posibles irregularidades detectadas a partir de las declaraciones. Todo indica que solo los órganos de control tendrían acceso a esta información.
El presidente de la república, Iván Duque, le solicitó a los altos funcionarios de su gobierno publicar de forma anual y voluntaria su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable anterior.
Colombia cuenta con entidades que analizan diversos frentes en cuanto a rendición de cuentas se refiere, entre otros: la contratación de funcionarios, convocatorias para empleos con sus respectivos salarios, declaraciones de bienes y rentas de servidores públicos, y actividades de lobby.
Para Transparencia Internacional, la legislación colombiana debe fortalecer su competencia investigativa con entidades como la Supersociedades y la Fiscalía General de la Nación; es urgente una ley que proteja a los denunciantes de actos de soborno e incentive a las empresas a adoptar programas de ética.
Las personas más propensas a cometer actos corruptos son individualistas y piensan en recompensas propias. Otra idea es que la corrupción se debe más al contexto social que a factores individuales. El resultado de la consulta anticorrupción deja mucho que desear de la mentalidad de los colombianos.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, entrega su punto de vista sobre diversos temas en los que debe trabajar el próximo presidente de los colombianos, cuando de corrupción se trata. Recuperar la confianza y legitimidad en las altas cortes, es uno de ellos.
Transparencia por Colombia analizó las propuestas de cinco candidatos a la presidencia del país en el tema de corrupción, tocando ítems como la transformación del sistema político, recuperación de la legitimidad de la justicia, y el logro de sanciones efectivas, entre otras. ¿Por cuál votaría usted?
Las bajas calificaciones señalan que los riesgos de corrupción son altos por la poca capacidad institucional de prevenirla, facilitando el camino de irregularidades y delitos. Una calificación alta indica un bajo riesgo de la entidad, y que su desarrollo institucional dificulta que se cometan actos corruptos.
Transparencia por Colombia plantea tres cambios estructurales que se requieren en el sistema político, la justicia y el fortalecimiento de la gestión pública nacional y territorial. El país está en el puesto 96 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.
La percepción de la corrupción que hay en Colombia no mejora. Así quedó demostrado en el Índice de Percepción de Corrupción que realiza Transparencia Internacional.