Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El gobierno nacional expidió el Decreto 1983 de 2017 con el que se fijaron reglas sobre el reparto de acciones de tutela a los jueces a quienes corresponde conocer de los asuntos sobre vulneración o riesgo de derechos fundamentales. Se destacan las que se presentan contra entidades públicas.
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