Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Congreso de Colombia aprobó un presupuesto de 271,7 billones de pesos para este año, de los cuales 42,7 billones de pesos estarán destinados para el pago de pensiones.
Por cada 100 pesos, 87 pesos son para personas con más altos ingresos y solo 2 pesos para los de más bajos recursos.
Obtener una buena pensión es importante tanto desde el punto de vista del individuo, que desea mantener su estándar de vida a pesar de la reducción de su capacidad laboral, como de la sociedad, que contará con adultos mayores capaces de consumir y mantenerse económicamente durante su vejez, al seguir percibiendo ingresos.
Pese a lo anterior, el blog del Banco Interamericano de Desarrollo –BID– Trabajo y Pensiones se plantea la siguiente pregunta:
¿Cómo pagamos las pensiones en un contexto donde cada vez habrá más adultos mayores, sin comprometer otros objetivos de desarrollo?
Una posible respuesta, planteada por la entidad, es que el Gobierno incremente los recursos de impuestos generales que destina a pensiones. Aquí, otro interrogante planteado en el blog del –BID–: ¿Pero podría el Gobierno hacerse cargo integralmente de nuestras pensiones?
El hecho de que América Latina y el Caribe están envejeciendo rápidamente, y el hecho de que estamos viviendo cada vez más años, amenaza con llevar a muchos países de la región a una situación fiscal insostenible.
En Colombia, el Congreso aprobó un presupuesto de 271,7 billones de pesos para este año, de los cuales 42,7 billones de pesos estarán destinados para el pago de pensiones.
David Forero, economista con maestría en administración pública en el London School of Economics y candidato a PhD en historia económica en la Universidad Carlos III de Madrid, afirma en Actualícese que el actual régimen de prima media es una fuente de subsidios regresivos, donde el Estado termina subsidiando de manera desproporcionadamente alta aquellas pensiones que son más elevadas:
«Este régimen se financia a partir de las contribuciones de aquellos que no logran pensionarse y les devuelve sus ahorros en forma de una indemnización sustitutiva, pues no les reconoce tasa de interés (es como si le prestaran al Estado a una tasa de interés cero».
Juan Pablo Arango, vicepresidente comercial de Protección, manifiesta en Actualícese que más del 75 % del gasto que el gobierno destina a pago de pensiones se está yendo al 40 % de los más ricos de la población.
«Por cada $100, $87 son para personas con más altos ingresos y solo $2 para los de más bajos recursos», dice Arango, quien recuerda que para el año 2019 la carga pensional se estipula alrededor de 57,2 billones de pesos, monto que está destinado para solo 2.100.000 colombianos que a la fecha están pensionados por el sistema público.
Teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe están envejeciendo más rápido que el resto del mundo (en los próximos 30 años, la población de 65 años o más crecerá en 97 millones de personas), preocupa que ningún país de la región tenga mecanismos de ajuste que vayan respondiendo a los cambios demográficos.
«Por ejemplo, que la edad de retiro se vaya ajustando gradualmente según aumente la esperanza de vida o que en caso de desajuste fiscal se establezcan los criterios de cómo se van a modificar los parámetros del sistema para reequilibrarlo», explica el BID.
Países con instituciones pensionales avanzadas como Canadá, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia ya lo hacen. En ausencia de estos mecanismos, las reformas de pensiones van a depender de políticos muy responsables, o de crisis fiscales o sociales.
A pesar de que poca gente quiere admitirlo, lo cierto es que es necesario ajustar los sistemas de pensiones cuanto antes.
Desde el punto de vista del BID, esto puede ser deseable en algunos contextos donde el empleador no hace ningún aporte. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los altos costos de contratación de trabajadores (que incluyen salarios mínimos, contribuciones obligatorias a la seguridad social y costos asociados al despido, como indemnizaciones) hacen que las empresas tampoco puedan asumir toda la responsabilidad (si se aumentan los pasivos que los empleadores deben cubrir, normalmente aumenta también el desempleo o la informalidad).
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