“Todos los ciudadanos somos veedores del cumplimiento del deber de tributar de los demás”

El día 30 de agosto de 2022 tuvo lugar en la Universidad Javeriana de Bogotá un interesante evento acerca del nuevo proyecto de reforma tributaria que calienta motores para el año 2023. En el evento participaron la administración de impuestos, la academia y personalidades expertas en la materia tributaria del sector real. Los temas tratados rodearon diferentes tópicos como: i) la alta tributación que podría desplegarse sobre los dividendos, ii) la reducción de rentas exentas para las personas naturales, iii) la limitación a los beneficios tributarios en el cálculo del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, iv) la reactivación del impuesto al patrimonio y la determinación de su base al valor intrínseco o al costo, y v) el análisis del government take que padecería el país con la nueva ley. Sin embargo, hubo un momento en el que la discusión dio un giro de tuerca y los conferencistas empezaron a concentrar su disertación en el examen de la voluntad de los sujetos involucrados en el acontecer tributario.

La evaluación de la voluntad de estos sujetos se enfocó en determinar si cumplían o no con el deber constitucional de contribuir con las finanzas del Estado. Sin embargo, se concluyó que el deber no se surte solamente con la presentación de la declaración y el pago de la obligación, sino que requiere de la activa participación y cooperación de los ciudadanos que orbitan alrededor del mandato constitucional. Es decir, todos los ciudadanos, de una u otra manera, estamos gravitando sobre el mismo eje deontológico.

Una de las conferencistas señaló con perspicacia que: “Todos los ciudadanos somos veedores del cumplimiento del deber de tributar de los demás. Cuando compramos un bien o un servicio y quien nos lo vende nos pregunta ‘¿con factura o sin factura?’, y optamos por no solicitarla, nos convertimos inmediatamente en vehículos de evasión”. Esto tiene todo el sentido de ser. La forma en que está pensado el Estado y las instituciones, por lo menos en el papel, invita a la complicidad ciudadana en pro del incremento del bienestar general (no al contrario) y, sin duda alguna, la tributación y el recaudo son ejes centrales para procurarlo.

Gran parte de la ciudadanía se incomoda y refunfuña porque afirma que no se ven resultados; que los impuestos se los roban; que el bienestar no aumenta; que hay mucha corrupción; que se pagan excesivos impuestos y el nivel de vida no mejora. Honestamente, creo que este clamor de la ciudadanía es razonable, sin embargo, es notable cómo la argumentación excluye al sujeto que la esgrime. Si se analiza con cuidado, el ciudadano que se instala en la posición de una eterna queja se excluye para siempre de la situación y piensa que él no hace parte del problema. La posición del ciudadano no debe ser conveniente, puesto que el ciudadano también hace parte del problema y entre más rápido adquiera conciencia de ello y del papel que puede jugar en su nación, más significativa será su participación en la solución.

Todos somos veedores de nuestro país.

Luis Fernando Calderón Arellano
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 6837, Septiembre 5 de 2022