Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La relación entre el ciudadano, los impuestos que paga y el uso que se les da está lejos de ser óptima.
Existen prácticas que lesionan el recaudo y ponen un peso injusto en manos de los asalariados que están en el radar de la autoridad tributaria y pagan cumplidamente.
El problema del sistema tributario colombiano parece ir más allá del mismo sistema, ya que toca aspectos culturales que van desde la permisividad con los evasores hasta cómo concebimos la construcción de lo público.
El anterior es el planteamiento que realiza el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en su publicación Como un queso gruyere: un sistema tributario débil es el mejor aliado de los evasores.
«Como si se tratara de un queso gruyere, el sistema tributario colombiano está lleno de huecos –huecos por los que unos ratones, en su mayoría con gran capacidad adquisitiva, consiguen no solo burlar el pago de impuestos sino también esconder la verdadera dimensión de sus actividades económicas», describe la entidad.
Prácticas que, además de lesionar el recaudo, terminan poniendo un peso injusto en manos de los asalariados que están en el radar de la autoridad tributaria y pagan cumplidamente.
Y como si esto fuera poco, perpetúan prácticas que inciden negativamente en la forma en que se entienden los bienes públicos, la construcción de un proyecto colectivo de sociedad y las relaciones de confianza entre ciudadanos.
La esencia del sistema tributario es que las personas, además de participar, digan la verdad.
Se trata de que la información dispersa y privada se pueda compartir, y contribuya a la construcción de un proyecto común. El problema, trayendo el planteamiento a la realidad colombiana, es que no hay un interés mayoritario.
«El Estado colombiano se comporta como un sistema de coaliciones en el que personas poderosas se enriquecen a costa de los demás, en donde la construcción de lo público no es su prioridad. Es en ese contexto que debe operar la administración tributaria, contexto en el cual lo más conveniente para empresas y personas naturales en términos de impuestos es no existir, no reportar», afirma el Observatorio.
¿Quiénes son los más visibles dentro de este sistema? Los asalariados formales, que son quienes históricamente han llevado la mayor carga. En la práctica, quien evade lo hace porque puede hacerlo; y quien paga, paga porque le toca.
Estas dinámicas han configurado un sistema desbalanceado que también ha alterado la visión sobre los bienes y servicios públicos.
“Evadir implica hacer maromas para no poner la parte que corresponde en la construcción de la sociedad; así, una cultura de la evasión termina despreciando lo público. No es casualidad que la educación pública, la salud pública y el entretenimiento público sean vistos con cierto desprecio, y que la alternativa a estos sean los colegios privados, la salud prepagada o los clubes cerrados. La relación entre el ciudadano, los impuestos que paga y el uso que se les da está, pues, lejos de ser óptima”, describe la entidad.
La estructura misma del sistema de recaudo agudiza el problema, indica el Observatorio, ya que el sistema sufre, por un lado, del actuar arbitrario de la Dian; y por otro, de la idea del recaudo agregado de impuestos como meta principal.
En esencia, esto último es deseable –recaudar lo suficiente para cumplir con las obligaciones del Estado–; sin embargo, más allá de los cambios en las normas, el énfasis se ha hecho en recaudar y ya, y no en recaudar de manos de quienes no están pagando lo que deberían, lo cual es esencial para dar legitimidad al sistema.
«Ser honesto no paga, o no paga mucho; eso ha generado un patrón que se ha arraigado en la cultura popular», critica el análisis.
En pequeño, todos tal vez conozcamos algún contador que sabe de los vericuetos del sistema para tributar poco o no tributar. Esto evoluciona hacia falsos positivos tributarios como la compra de facturas, la doble contabilidad o la compra de servicios inexistentes. En grande, hay sectores comerciales cuyas significativas actividades de lucro permanecen en la oscuridad y no hacen parte del sistema.
En nuestro país, en cuanto al impuesto de renta el recaudo proyectado correspondiente al 2019 es de 71,1 billones de pesos solo por este concepto. El IVA es el segundo, con 66,3 billones.
A partir de 2016, el número de declarantes creció ampliamente en el país. Sin embargo, esa base continúa siendo reducida. Y no se trata solamente de asalariados: existen muchas sociedades cuya estructura, dueños, integrantes y movimientos no se conocen con claridad.
A menudo se señalan las rentas exentas, que suman cerca de 15 billones de pesos, como uno de los elementos que impide un mayor recaudo. Sin embargo, si se miran las cifras, más de la mitad de ellas corresponden a los ingresos del sistema de salud.
«El verdadero boquete está en el renglón denominado “costos y gastos”. Decenas de miles de contribuyentes cada año terminan pagando cero pesos al acudir a distintas maromas para que los «costos y gastos» sean los justos para no deberle al Estado un peso de más en impuestos. La certeza de que es posible burlar de esa forma al sistema ha cimentado una cultura de la evasión como la que existe en nuestro país», indica el Observatorio.
¿Cómo se debe abordar el problema? Hay que concentrarse en los verdaderos boquetes que erosionan las bases gravables, que son por los que el Estado pierde los impuestos que los evasores deberían estar pagando, como los “costos y gastos” y la depreciación de inmuebles.
«Entre otras cosas, una mayor atención al IVA podría permitir hacer un rastreo de la verdadera dimensión de los costos y gastos reales de los declarantes. Adicionalmente, una normalización puede ser un primer paso», indica el Observatorio.
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