Unidad Administrativa de la JCC sigue cobrando exageradas tarifas y dándole la espalda al problema

Nos parece el colmo la forma como se viene manejando la determinación y el cobro de las tarifas que determina la Junta Central de Contadores –JCC–, las cuales se originaron antes de la Constitución Política de 1991 y nunca se han ajustado a esta, que exige que dichos cobros se fundamenten en estudios de costos, que la unidad administrativa nunca ha dado a conocer.

En su momento censuramos la respuesta que en nombre de la entidad nos dio uno de sus contratistas, en el sentido que simplemente se viene aplicando ajustes por inflación a las tarifas originales, que no se sabe en qué se fundamentan.

Lo cierto es que los excedentes de la entidad a mayo de 2020 ascendían a $44.113.291.392, de manera que es innegable que las tarifas exceden los costos.

A pesar de que esta cuestión se viene planteando hace varios años, obsérvese lo que se dice en el acta 2109 del 13 de febrero de 2020, correspondiente al Tribunal Disciplinario:

“Finalmente, el Dignatario Leonardo Varón solicita [que] se verifique el valor que se está recaudando para la expedición de las tarjetas profesionales para sociedades de contadores, pues este valor es demasiado alto y no es igualitario con las demás profesiones, frente a esto el Director menciona que se debe buscar mediante la modificación del decreto incluir este punto para su análisis, y buscar los antecedentes del porqué se está cobrando esta suma, con el objetivo de tomar la mejor decisión.”

En otras palabras, la Unidad Administrativa de la JCC sigue cobrando sus exageradas tarifas y dándole la espalda al problema. Cada vez se le da largas al asunto y así pasan los períodos sin ningún avance. ¡30 años de atropello!

Irónicamente, al mismo tiempo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, desde que el manejo de su presupuesto se asignó al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, no ha contado con los recursos humanos, administrativos y tecnológicos suficientes para cumplir sus deberes como corresponde.

Lo anterior significa que el Gobierno mantiene una política financiera inadecuada, lo que le quita autoridad a todos los funcionarios públicos que hablan de exigencias, pues estas no se pueden satisfacer sin las dotaciones necesarias.

No entendemos cómo es que los miembros del Tribunal Disciplinario no son funcionarios de dedicación exclusiva, exceptuándose solamente la docencia. Tampoco entendemos cómo es que la planta de personal es de solo 11 personas.

Los gastos en personal para cumplir funciones de vigilancia mal pueden considerarse como de inversión, pues corresponden a tareas misionales, centrales, del organismo y de ellos no se van a derivar beneficios económicos futuros.

Además, la caducidad continúa rondando los predios del tribunal, la que ya tiene las características de un mal crónico, que nunca se cura.

De esto todos somos responsables, aunque la inmensísima mayoría ignora la situación, porque nunca se le ha notificado o porque ha decidido pasarla por alto. ¿Esta es la profesión experta en el manejo financiero?

Hernando Bermúdez Gómez
Tomado de Contrapartida De Computationis Jure Opiniones
Número 5164, 13 de julio de 2020