Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Tres proyectos de los siete que se presentaron en la consulta anticorrupción ya se cayeron. Solamente dos tienen el visto bueno. El resto, podría decirse que están entre el sí y el no. En marzo del 2019 se continuaría con su discusión. La corrupción debería verse desde la enseñanza ética.
El primer proyecto que se cayó fue el que buscaba que se congelara el salario de los altos funcionarios del Estado. En la Comisión Primera de la Cámara, donde se iba a discutir, 36 de los 38 representantes que la conforman se declararon impedidos para hacerlo, porque consideraban que estaban legislando en causa propia.
La posición del Gobierno nacional es insistir con la iniciativa el próximo año. La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que se debería cambiar la redacción para que tenga efectos a futuro y no sobre al salario de los gobernantes actuales.
Por otra parte, el proyecto que establecía mayor rigurosidad en la rendición de cuentas de los congresistas, junto al que proponía que los presupuestos públicos se discutieran en audiencias públicas con participación ciudadana, no alcanzaron a ser debatidos. Sobre el segundo, desde el Gobierno nacional se asegura que se discutirá en marzo de 2019.
El proyecto que busca quitar los privilegios de casa por cárcel a los condenados por actos contra la administración pública, y el que permite que los delitos de corrupción no prescriban; continúan, situación que se presentó porque los dos fueron introducidos en una iniciativa de la Fiscalía que ya hacía trámite en el Congreso, a la cual solo le resta un debate.
La iniciativa que obliga a los servidores del Estado a hacer pública su declaración de renta y bienes, la que hace que los congresistas den a conocer sus conflictos de interés, y la norma que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en la contratación pública; están en una etapa entre primer y segundo debate, y la idea es que en marzo del próximo año se continúe su trámite.
David Andrés Ortiz Escobar, economista de la Universidad Externado de Colombia y uno de los investigadores de la serie de libros La Corrupción en Colombia, afirma en entrevista con Actualícese que «desafortunadamente ni la consulta, ni ningún proyecto de ley que contenga los mismos puntos es la panacea para atacar la corrupción porque solo aborda algunas de sus manifestaciones, pero no sus causas estructurales que son el sistema clientelista, el sistema de descentralización y el esquema actual de control fiscal territorial».
Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, cree que el país no necesita más leyes contra la corrupción, ya que todo está escrito y lo que hay que hacer es aplicarlo. Para él, dentro del entorno de la corrupción se debe atacar la deformación cultural que tenemos los colombianos.
Henao hace un llamado de atención a los medios de comunicación y afirma que estos tratan el tema de la corrupción desde la perspectiva del escándalo, pero no de la enseñanza ética. «Se debe complementar la perspectiva de la información sobre la corrupción con un mensaje de tipo ético y no solo informativo», afirma.
El revisor fiscal y consultor internacional Luis Alberto Penagos es tajante al afirmar que está comprobado que los funcionarios públicos, junto con los políticos, convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo del Estado o de contratos del Gobierno. «Donde haya un “contratico” o un “puestico” que medio huela a política, allí aparecen los corruptos», sentencia.
“Casi que se ha conformado un cartel de la corrupción generalizada; basta con darle una mirada a mi artículo sobre el por qué Colombia en los últimos 10 años no ha subido de un 3,7 de calificación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Por eso es complicado que el Gobierno anuncie medidas contra ese flagelo; hay que empezar por reformar la Constitución en su artículo 247, para que no se siga haciendo esa figura, por demás, siniestra de la auditoría posterior y selectiva”, asegura Penagos.
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