Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Recientemente el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, arremetió contra los corruptos al señalar que las reformas a las normas a la contratación pública no son suficientes para combatir este fenómeno «enquistado» en la sociedad colombiana.
Como lo publica El País, dijo que escándalos como el del carrusel de la contratación en Bogotá y otros casos, obedecen a “la ausencia de una política pública en materia de vigilancia contractual”, a pesar de que existe lo que llamó un ‘aluvión’ normativo que desconcierta tanto al contratista como a la misma administración.
Es verdad lo que dice el Procurador. No son suficientes las leyes para derrotar la corrupción, porque las que están para servir a toda la ciudadanía de manera imparcial, resultan inútiles cuando las personas en una sociedad se olvidan del bien común y les mueve fundamentalmente su interés egoísta.
Cuando una sociedad llega a esos extremos, como en el caso de la nuestra, es fácil que prosperen y se impongan los clanes mafiosos, que, a juzgar por los carruseles de la contratación, alcanzaron un alto poderío en Colombia para lo cual no vacilaron en transgredir la ley y llevarse por delante la moralidad.
Por otra parte, la contralora General de la Nación, Sandra Morelli, ha dicho sobre el fenómeno de la corrupción que “los defectos en los pliegos de contratación pública y los vacíos en las normas”, han sido responsables en gran medida de los problemas de corrupción.
“Aspectos como los imprevistos, las multas de bajo monto, la cesión de los contratos y hasta la caducidad de los contratos, la cual se acata, pero no se cumple”, son factores negativos en los contratos públicos, anotó.
Aclaró, sin embargo, que en la búsqueda de responsables de actos de corrupción no debe caerse en el desprestigio de todo un sector donde hay firmas de ingeniería “que sí han sido serias y por eso merecen todo el reconocimiento del país”.
El artículo 7 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, Estatuto Anticorrupción, adicionó el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 para indicar que de ahora en adelante los Revisores Fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción cometidos por los entes jurídicos a los que están vinculados, enfrentarán el proceso de cancelación definitiva de su tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores.
“ART. 26 Ley 43 de 1990.—De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las siguientes:
5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”
Diego Guevara, Líder de Información Contable y Tributaria de actualicese.co ve en esta situación un problema como es que muchos Contadores llevan demasiadas Revisorías Fiscales al mismo tiempo y en ese caso no les alcanza el tiempo para hacer las pruebas de todas las áreas de la empresa con la debida profundidad y con ello detectar posibles casos de fraudes o corrupción.
Por otro lado, son muchos los casos en que un mismo Contador o Firma de Contadores permanecen mucho tiempo en el cargo de Revisor Fiscal en la misma empresa, por lo cual hasta la propia Supersociedades ha dado entender que lo mejor sería rotarlo cada cierto tiempo para que no se comprometa la independencia profesional si ésta está comprometida, es muy difícil que el Revisor salga a denunciar los actos de corrupción.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, es partidario de atacar la corrupción, sobre todo en la contratación estatal, con castigos más severos dentro del marco gremial. “Debemos ser absolutamente intolerantes con la corrupción y sus protagonistas. Esas faltas a la ética merecen sanciones ejemplarizantes y no blandas”, ha dicho.
Esguerra también llamó la atención de los colombianos para que se conviertan en los verdaderos interventores de los contratos de infraestructura y en otros campos. “La Constitución del 91 nos permitió esa oportunidad gigantesca e histórica, la cual debemos seguir utilizando, pero sin abusos, como el caso de las acciones populares”, dijo en El País.
Ordoñez puso de nuevo el dedo en la llaga al asegurar que la corrupción es una patología social y una de sus causas es la crisis y desestructuración de la familia. Para el Procurador, en el país no existe una política dirigida al fortalecimiento del núcleo familiar.
El Procurador General sostiene esta postura explicando que la familia es la institución que entabla vínculos entre generaciones, transmite enseñanzas y cultura, por ello «todo atentado contra la familia es un atentado contra la sociedad».
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
