Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En cabeza de la presidencia de Senado, se abordó el tema de afiliaciones irregulares de cotizantes independientes del sistema de salud y pensión.
La presidencia de Senado, en cabeza de Juan Diego Gómez, realizó la mesa número 16, espacio en el que se abordó el tema de afiliaciones irregulares de cotizantes independientes, en el sistema de salud y pensión.
La coordinadora de la mesa y delegada de la presidencia del Senado, Luisa Fernanda Fernández, inició expresando la preocupación que existe, tanto para el sistema de salud y pensión del Estado, como para los cotizantes, los casos reiterativos de “carruseles que se presentan en las empresas que realizan afiliaciones colectivas al sistema de seguridad social y donde muchas veces estos aportes no terminan llegando a los sistemas de seguridad social, generan un perjuicio en cadena para todos los actores”.
De igual forma, expresó que, “ya hay algunas normas, pero lo que queremos evaluar es cómo están siendo utilizadas o cómo esas normas puedan requerir una nueva actualización”.
El gerente y fundador de Digore, Antonio José Betancur, empresa dedicada a la consultoría y prestación de servicios en Seguridad Social Integral, recordó que el Ministerio del Trabajo identificó 414 entidades que ofrecen afiliación de EPS, ARL y pensiones de manera irregular.
Esa cartera, en febrero pasado advirtió sobre los riesgos de las “afiliadoras de poste”, empresas que ofrecen una cobertura de aseguramiento a EPS, ARL y pensiones por montos que rondan los $50.000. Las afiliaciones son fraudulentas y en realidad constituyen un medio de captación ilegal de dinero, pues las estafas ascendieron a los $5.000 millones el año pasado.
Por otro lado, Alexander Agudelo, representante legal de Asmucol (Asociación Mutual de Colombia) y delegado de Fedecoltia (Federación Colombiana de Entidades Autorizadas para afiliar en forma colectiva a Trabajadores Independientes) manifestó que, sin embargo son muchas las empresas que cumplen con todo lo condensado en el decreto 780 del 2016.
Agudelo tambien mencionó que, “los recursos que la gente consigne a nosotros no se van a perder, hay una trazabilidad bancaria y hay un respaldo. Es más hay unas pólizas que cubren los dineros que manejamos y adicionalmente tenemos una cantidad de valores agregados de seguridad y salud en el trabajo, en el tema jurídico o en el tema de bienestar social que no van a encontrar en este otro tipo de entidades (ilegales)”.
Para seguir avanzando en el estudio y soluciones a esta problemática se acordó un nuevo encuentro, con otros invitados y tareas como el desarrollo esquemático del marco legal actual.
Fuente: Senado de la República.
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