El proyecto de ley «No me llames, yo te llamo» busca crear una plataforma para inscribir los número telefónicos para que no sean contactados por empresas con fines publicitarios.

Continúa el trámite legislativo del proyecto de ley que busca poner freno a las llamadas y mensajes con fines publicitarios, que en muchas ocasiones llegan a ser excesivos e invasivos para la ciudadanía.

La iniciativa propone que se cree o fortalezca una plataforma llamada Registro de Números Excluidos, dirigida a personas naturales o jurídicas, en la que podrán inscribir sus números telefónicos para que no sean contactados por empresas con fines publicitarios.

Así mismo, se obliga a las empresas a que consulten dicho registro antes de realizar llamadas o enviar mensajes relacionados con estrategias de mercado y publicidad con el fin de no violar el deseo de los ciudadanos a no ser contactados.

El proyecto de Ley 127 de 2025, del Senado, por medio del cual se fortalecen los mecanismos de protección frente a comunicaciones no deseadas con fines publicitarias, promocionales o comerciales, o ley «No me llames, yo te llamo», es importante porque garantiza la tranquilidad de la ciudadanía frente a la invasión de su intimidad, de sus espacios de trabajo, momentos de descanso, entre otros.

Hay empresas que acosan con la presentación de paquetes promocionales que las personas no quieren conocer y no han solicitado. Esta ley seguramente va a aportar a la tranquilidad de la ciudadanía frente a estas llamadas que son incluso agresivas y generadoras de malestares e incomodidad.

El fortalecimiento del Registro de Números Excluidos, contiene un artículo que indica que se permite a las empresas hacer una sola llamada al día y máximo tres al mes. Si el ciudadano campesino o quienes habitan el sector rural, no tienen buen manejo de tecnología y no pueden registrarse, igual no estarán recibiendo tantas llamadas o mensajes como generalmente pasa.

El proyecto de ley crea una comisión especial para hacer seguimiento y también crea un registro de quejas, donde la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación para atender las quejas y reclamos de las personas. Si es el caso, sancionar a las empresas que violan la ley.

Fuente: Senado de la República.

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