Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ya se está discutiendo. Plantea cambiar los precios máximos de viviendas de interés social y prioritario. Además, podría traer consigo un aumento del 18 % en las tarifas de energía del estrato 3, pues se piensa acabar con los subsidios.
El Gobierno nacional radicó el 7 de febrero de 2019 en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo –PND– 2018-2022, el cual estima inversiones cercanas a los $1.100 billones para los próximos cuatro años. El PND ya se está discutiendo en las comisiones económicas de Senado y Cámara. Estas son algunas de las novedades que presenta.
El PND radicado la semana pasada por el Gobierno establece un aumento en los precios tope para las viviendas de interés social –VIS–, las cuales pasarían de tener un valor máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales legales vigentes a tener 150; lo que quiere decir que una VIS pasaría a ser aquella de $124,2 millones, y no una de $111,7 millones.
El artículo 91 del proyecto de ley indica que el Gobierno establecerá como precio máximo de la vivienda de interés social la suma de 150 smmlv, previo estudio técnico realizado por el Ministerio de Vivienda según parámetros y requisitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.
Con la propuesta se pretende que en ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali, donde es complejo acceder a este tipo de proyectos de vivienda dado que la oferta es reducida en comparación con la que existe en municipios más pequeños (en las grandes urbes el metro cuadrado es más costoso); los colombianos residentes en las capitales cuenten con más alternativas para hacerse a una vivienda propia.
Sobre el precio tope de la vivienda de interés prioritario –VIP– se conoce que pasaría de costar 70 smmlv a tener un precio máximo de 90 smmlv; lo que quiere decir que de $57,9 millones, su valor máximo pasaría a ser $74,5 millones.
Otra medida planteada por el PND es la de acabar con los subsidios que se otorgan a los usuarios del estrato 3 de energía, debido a los elevados costos que tienen para la economía nacional. El artículo 179 plantea que “en ningún caso el subsidio será superior al 40 % del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior a 50 % de éste para el estrato 1”.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, dijo a los medios de comunicación que desmontar el subsidio de energía para los usuarios del estrato 3 de forma inmediata podría generar un incremento en las tarifas del orden del 18 %.
Lo ideal, desde su punto de vista, es que en el Plan Nacional de Desarrollo se estudie la posibilidad de que el desmonte sea gradual, para así no afectar el bolsillo de cerca de 2 millones 800 mil usuarios beneficiarios.
El PND también busca aliviar la carga fiscal generada por demandas contra la nación. El artículo 53 del proyecto contempla un mecanismo con el que se disminuirán las deudas que tiene el Estado por cuenta de las sentencias ejecutoriadas en su contra, y los altos intereses que estas generan.
Y es que al finalizar el 2018, se contaban casi 400 mil procesos contra el Estado. Además, según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, los rezagos en el pago de sentencias han generado una deuda de 7 billones de pesos.
Con el planteamiento del PND, estos dineros se podrían reconocer como deuda pública, con lo que el porcentaje de los intereses moratorios que hoy paga el Gobierno bajarían, ya que son muy cercanos a la tasa de usura. Lo que se busca es sustituir la tasa moratoria excesivamente alta que hoy existe por una deuda más razonable, pues de esta forma el Estado se ahorraría muchos billones de pesos.
Así, el Gobierno dejaría de pagar casi un 20 % en intereses moratorios, ya que al ser una deuda pública se tendría una tasa cercana al 6 %, y actualmente se está pagando una tarifa del 29 %.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
