Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En la Sentencia SL-3144 del 9 de junio de 2021, la Corte Suprema de Justicia reiteró que la transacción constituye un acto jurídico mediante el cual las partes de manera anormal y extrajudicial ponen fin al litigio luego de realizar concesiones mutuas y recíprocas.
Mediante el Decreto 616 de 2021, el Ministerio del Trabajo reglamentó los parámetros que deben cumplirse para el reconocimiento de la experiencia profesional derivada de prácticas laborales. Estas medidas aplicarán para la experiencia adquirida mediante prácticas laborales, judicaturas, monitorías, contratos de aprendizaje, contratos de trabajo o de prestación de servicios y grupos de investigación.
Por medio de la cual se prorroga el plazo para la validación de la información de afiliados al sistema de pensiones y de la puesta en operación de sus funcionalidades mediante el sistema de afiliación transaccional –SAT–.
Mediante la Resolución 754 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció los requisitos para que las personas naturales y jurídicas soliciten la expedición, renovación o cambios de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.
En la Sentencia SU-149 de mayo 21 de 2021, la Corte Constitucional hizo referencia a que la acreditación de un mínimo de convivencia para obtener la pensión de sobrevivientes también es exigible al (a la) cónyuge o compañero(a) permanente de los (las) afiliados(as).
El Ministerio de Salud y Protección Social modificó la planilla tipo U – “Planilla de uso exclusivo de la UGPP para pago por terceros» con el objetivo de permitir el pago de las obligaciones con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– en los términos previstos en los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, esto es, mediante la conciliación contencioso-administrativa y la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios adelantados por la UGPP y, a su vez, la aplicación del Decreto Legislativo 688 de 2020 que otorga incentivos para el pago de las obligaciones tributarias con la liquidación de intereses moratorios con tasa preferente transitoria.
El contrato escrito es una de las formas más populares de acuerdo contractual, bien sea porque la ley lo exige en algunos casos particulares o por elección voluntaria del empleador; por ello, con el ánimo de suministrar herramientas tecnológicas y brindar una solución a las dificultades que trajo la pandemia del COVID-19, el Ministerio del Trabajo estableció en el Decreto 526 del 19 de mayo de 2021 la viabilidad de firmar el contrato de trabajo por medio de la firma electrónica o digital.
En dicha norma se expresa que este contrato podrá ser firmado de manera digital o electrónica por el empleador y por el trabajador siempre que dichas firmas cumplan las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, que regulan la firma electrónica y digital en Colombia.
El Ministerio del Trabajo reglamentó las condiciones bajo las cuales debe expedirse la certificación del primer empleo y el registro anualizado de las certificaciones que acreditan el primer empleo. Entre otras cosas, determinó cuestiones referentes al término de expedición, la virtualización del certificado y el tratamiento de datos personales que se utilicen para este fin.
Mediante la Sentencia SL1287 del 14 de abril de 2021, la Corte Suprema de Justicia estableció las circunstancias de hecho para que la violación de la cláusula de exclusividad en los contratos de trabajo pueda constituir una justa causa de despido.
El Ministerio del Trabajo determinó las medidas que deben implementarse para el pago de aportes al sistema general de pensiones por los períodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los empleadores y trabajadores independientes mediante el Decreto Legislativo 558 de 2020 con ocasión de la contingencia del COVID-19. A su vez, este decreto tiene como propósito el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-258 de 2020.
El Ministerio de Salud y Protección Social introdujo una nueva modificación en la Resolución 666 de 2020 que consiste en que las medidas eliminadas mediante la Resolución 223 de 2021 deberán aplicarse de manera extensiva a todos los protocolos de bioseguridad expedidos por el Minsalud para cada sector económico.
La Corte Suprema de Justicia realizó precisiones frente al reconocimiento de comisiones recaudadas después de la finalización del contrato de trabajo, indicando que sujetar la causación de estas a requerimientos que el trabajador no hubiera podido realizar luego de finalizada la relación laboral resulta desproporcionado.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
