Por Clase

En el Concepto 220-207472 del 15 de septiembre de 2022, Supersociedades indica que se considera violatorio de las normas del Sagrilaft el no realizar la debida diligencia de la contraparte cuando se está frente a estructuras complejas o a distribuidores indirectos.

Con el Oficio 912843 de 2022, la Dian adiciona al Concepto Unificado 0106 de 2022 el descriptor 5.1.1, referido a la naturaleza y definición del registro de la factura electrónica de venta como título valor –Radian–.

Supersociedades señala en el Concepto 220-205705 de 2022 que a las empresas sociales del Estado no les es aplicable la casual de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, ni las alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia del Decreto 1378 de 2021.

Con el Oficio 1129 de 2022, la Dian resolvió diversos interrogantes relacionados con la base gravable del IVA en la importación de bienes.

Con el Oficio 1132 de 2022, la Dian precisó que cuando se constituye un depósito judicial no hay lugar a practicar retención en la fuente.

Con el Oficio 1130 de 2022, la Dian se pronunció sobre si los sujetos no obligados a facturar electrónicamente están o no obligados a generar y transmitir el documento soporte en operaciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente.

Con el Oficio 1119 de 2022, la Dian aclaró que los contribuyentes únicamente pueden imputar en su declaración del impuesto de renta y complementario el valor de las autorretenciones efectivamente pagadas.

Con el Oficio 1138-906781 de 2022, la Dian se refirió a varios aspectos relacionados con la factura electrónica. Entre las conclusiones de la entidad está el que las notas débito, que aumentan el valor de la venta, no sirven como soporte fiscal de costos, deducciones e impuestos descontables, por lo que debe generarse una factura nueva.

Con el Concepto 1137 de 2022, la Dian aclaró si se debe o no expedir factura electrónica en el retiro de inventarios para muestras gratuitas.

Mediante la Sentencia C-314 de 2022, la Corte Constitucional concluyó que en el trámite de expedición de la Ley de Inversión Social 2155 de 2021 se garantizaron los principios y reglas involucrados en la publicación del informe de ponencia para que la plenaria de la Cámara de Representantes discutiera y aprobara este proyecto en segundo debate.

Así, fue decisión de la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2155 de 2021, resolviendo la demanda de inconstitucionalidad tras haberse considerado que el Congreso de la República habría incurrido en vicios de procedimiento en el trámite adelantado para su formación.

En la Sentencia SL-3147 del 7 de septiembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia indica que la prohibición de despido motivada por la discapacidad sigue incólume y solo es válida la alegación de razones objetivas, bien sea porque se soporta en una justa causa legal o en la imposibilidad del trabajador para prestar el servicio.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL3208 de 2022, estableció que en la carta de despido se deben señalar los motivos y razones concretos que dan lugar a la terminación del vínculo laboral, para lo cual debe precisarse la existencia de una justa causa, puesto que no está permitido que el empleador alegue hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior.