El uso de proveedores ficticios representa un riesgo significativo tanto para las empresas como para el sistema tributario. La implementación de controles internos y el cumplimiento de las normativas vigentes son esenciales para evitar problemas legales y financieros.
En esta conferencia, Nicolás Alviar, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales, explica cómo identificar proveedores ficticios para prevenir problemas legales y tributarios relacionados con la nueva reforma pensional.
Te contamos más a continuación.
Un proveedor ficticio es una persona natural o jurídica que emite facturas por bienes o servicios que nunca existieron, simulando operaciones comerciales inexistentes. Estas facturas son utilizadas por otras empresas con diversos fines fraudulentos que buscan ventajas fiscales indebidas.
Entre las prácticas más comunes está la reducción de impuestos, donde las empresas incluyen costos o gastos ficticios como deducciones en sus declaraciones tributarias, disminuyendo así su carga fiscal de manera ilegal. También se recurre a la defraudación fiscal, utilizando facturas falsas para cruzar IVA por pagar con costos que nunca se generaron. Además, se emplean estas estrategias para declarar pasivos inexistentes, creando obligaciones falsas que reducen las bases tributarias y generan beneficios ilegítimos.
Estas prácticas no solo representan un claro acto de evasión fiscal, sino que también comprometen gravemente la credibilidad de las empresas involucradas. A menudo las operaciones ficticias se combinan con transacciones legítimas, dificultando su identificación y aumentando los riesgos tanto legales como financieros para quienes participan en estas actividades.
El fraude a través de proveedores ficticios tiene un impacto significativo tanto a nivel macroeconómico como en el ámbito empresarial. Para el Estado estas prácticas representan pérdidas millonarias en recaudación tributaria, lo que afecta la financiación de programas sociales y de infraestructura. También generan desigualdad entre los contribuyentes, ya que aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales terminan asumiendo una carga mayor para compensar las pérdidas causadas por la evasión fiscal.
A nivel empresarial, operar con proveedores ficticios puede dañar la reputación de una empresa, disminuir la confianza de los socios e inversores y ocasionar sanciones que afecten su viabilidad financiera. Por ello es indispensable adoptar medidas preventivas para garantizar la transparencia en las transacciones comerciales.
Infórmate sobre las consecuencias del fraude con proveedores ficticios:
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Participar en operaciones con proveedores ficticios acarrea consecuencias graves que afectan tanto al emisor de las facturas como al beneficiario de las mismas.
Las implicaciones tributarias de operar con proveedores ficticios son severas y pueden comprometer gravemente la estabilidad fiscal de las empresas. Las sanciones por inexactitud, reguladas en el artículo 647 del ET, se aplican cuando existen discrepancias en las declaraciones que resulten en menores impuestos a pagar o en saldos a favor mayores de lo debido. Además, el artículo 671 del ET establece que las compras o gastos relacionados con proveedores ficticios no pueden ser deducidos ni generar impuestos descontables, limitando significativamente los beneficios tributarios de estas transacciones.
Por otro lado, cuando la Dian detecta irregularidades en las declaraciones tributarias y estas deben ser corregidas, se imponen sanciones adicionales conocidas como sanciones por corrección. Estas multas buscan desincentivar las prácticas fraudulentas y garantizar la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estas disposiciones subrayan la importancia de verificar la autenticidad de los proveedores y las operaciones comerciales.
Las actividades relacionadas con proveedores ficticios pueden derivar en graves consecuencias legales. La falsedad documental, que implica emitir o utilizar facturas con información falsa, es uno de los delitos más comunes en estas prácticas. La evasión fiscal, regulada en el artículo 434 del Código Penal, ocurre cuando se presentan declaraciones tributarias fraudulentas con el objetivo de reducir el pago de impuestos. Otra infracción frecuente es la inclusión de pasivos inexistentes, que consiste en declarar obligaciones ficticias en las declaraciones tributarias para alterar las bases gravables. Además, la omisión de agente retenedor, contemplada en el artículo 402 del Código Penal, se da cuando no se reportan ni consignan retenciones asociadas a transacciones ficticias.
Las sanciones por estos delitos pueden incluir multas significativas, la pérdida del derecho a realizar deducciones tributarias e incluso, en los casos más graves, penas de prisión. Esto subraya la importancia de operar bajo los principios de transparencia y legalidad.
La prevención es clave para evitar sanciones legales y tributarias. A continuación, se detallan estrategias fundamentales para reducir el riesgo de operar con proveedores ficticios:
El due diligence, o diligencia debida, es un proceso de auditoría que permite investigar en profundidad las condiciones legales, tributarias y comerciales de un proveedor. Este análisis incluye la revisión de los antecedentes fiscales, societarios y comerciales del proveedor. Verificar que la empresa no esté catalogada como proveedor ficticio por la Dian es esencial, al igual que comprobar que cumpla con las normativas legales aplicables.
Conoce los detalles acerca de due diligence aquí:
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Es crucial que toda operación comercial esté respaldada por documentos que acrediten su autenticidad. Entre estos se incluyen contratos, órdenes de compra, remisiones, actas de entrega, inventarios y comprobantes de pago realizados a través de medios bancarizados. Estos documentos no solo garantizan la validez de la transacción, sino que también sirven como prueba en caso de que surjan investigaciones futuras.
Implementar auditorías internas permite identificar posibles irregularidades en las operaciones con proveedores. Estas revisiones deben incluir la validación de las facturas, la correspondencia entre los bienes o servicios adquiridos y los soportes contables, y la revisión de las declaraciones tributarias correspondientes. Las auditorías preventivas son una herramienta eficaz para evitar futuras sanciones.
La emisión de facturas debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 615, 616 y 617 del ET. Sin embargo, no basta con que las facturas cumplan formalmente con la legislación, detrás de cada factura debe haber una transacción real y verificable. Si bien una factura puede cumplir todos los requisitos formales, si la transacción subyacente es ficticia, el contribuyente sigue incurriendo en una actividad ilegal.
La Dian ha intensificado los controles para combatir estas prácticas fraudulentas. La regulación vigente, incluida en el artículo 671 del ET, prohíbe deducir costos o gastos asociados a proveedores ficticios durante cinco años desde que son declarados como tales. Adicionalmente, la entidad utiliza tecnología avanzada y cruces de información en reportes exógenos para identificar inconsistencias en las declaraciones de las empresas.
Nicolás Alviar
Es el director general de la firma Affirma Legal, reconocido por su trayectoria y especialización en Derecho de los Negocios Internacionales. Actualmente cursa una maestría en Derecho Privado, complementando su sólida formación académica. Su experiencia profesional incluye roles clave como abogado interno en una firma de inversión extranjera, apoderado general de empresas nacionales y multinacionales, así como representante legal principal o suplente en asuntos judiciales para destacadas organizaciones. Su enfoque integral y experiencia lo posicionan como un referente en el ámbito jurídico corporativo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
