Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para el Fondo Monetario Internacional, el ecosistema de las criptomonedas tiene problemas financieros, económicos y legales.
Jorge Castaño dice que las criptomonedas no son una moneda, no son una divisa, no son un activo financiero; además, se debe conocer en qué se van a colocar los recursos.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional –FMI– invitó a El Salvador a revertir la medida que convirtió el bitcoin en una moneda de curso legal. Además, pidió una regulación estricta de las criptomonedas en el país.
La entidad ha pedido en repetidas ocasiones que la medida se revierta, argumentando problemas financieros, económicos y legales. Para el FMI, es importante impulsar la inclusión financiera, y la billetera electrónica Chivo, creada por el Gobierno de ese país para el intercambio de bitcoines, podría desempeñar este papel. Sin embargo, ve «la necesidad de una estricta regulación y supervisión del nuevo ecosistema».
Desde el FMI también hay preocupación por los riesgos asociados a la emisión de bonos vinculados al bitcoin por parte de dicho país. El Salvador está preparando la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos, la mitad de los cuales se utilizarían para comprar bitcoines.
Por su parte, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Suiza, integrado por los reguladores de los principales centros financieros del mundo y cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros, alertó que, si no se introducen requisitos más estrictos de capital, el crecimiento continuo de las criptomonedas podría aumentar los riesgos para la estabilidad financiera mundial por “fraude, ataques cibernéticos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.
Los inversionistas extranjeros están nerviosos y temen que la adopción del bitcoin obstaculice un acuerdo entre El Salvador y el FMI por 1.000 millones de dólares, pero el FMI ha dicho que se mantiene abierto el diálogo entre las partes. Sin embargo, analistas insisten en recordar que desde noviembre el bitcoin ha perdido cerca de la mitad de su valor.
Desde septiembre de 2021 especialistas en el tema vienen estudiando fórmulas financieras para enfrentar la decisión monetaria de El Salvador y blindarse ante eventuales seguidores. Los reguladores globales han propuesto a los bancos de todo el mundo que reserven capital suficiente para cubrir las pérdidas de cualquier tenencia de bitcoines en su totalidad.
Aunque nuestro país es uno de los que más registran transacciones con criptomonedas y uno de los primeros en la región que hacen pruebas controladas bajo la supervisión de la Superfinanciera, en pilotos donde participan bancos y otras entidades vigiladas con plataformas de intercambio como Buda, Binance, Gemini, Panda, Banexcoin, Obsidiam, Bitso y Bitpoint, la adopción de una regulación todavía no se vislumbra.
Al respecto, el superintendente financiero Jorge Castaño ha advertido que, si se desean adquirir, no hay que dejarse llevar por el nombre:
No son una moneda, no son una divisa, no son un activo financiero y además se debe conocer en qué se van a colocar los recursos. Y, además, como no hay un mecanismo de cobertura de ese riesgo, no hay quién responda por las pérdidas.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha reconocido que las criptomonedas ofrecen elementos interesantes para el futuro, pero es necesario regularlas, pues generan riesgos, son especulativas y no quedan rastros de sus operaciones, lo que es peligroso.
Por su parte, Ricardo Armenta, director comercial de Bitpoint para América Latina, afirma en la revista Banca & Economía de la Asobancaria lo siguiente:
La alta transaccionalidad de productos como bitcoin o ethereum se ha dado orgánicamente en el país y Colombia es un territorio interesante para las criptomonedas, lo que hace necesario crear las condiciones para proteger a los usuarios a través de una legislación.
El directivo asegura que esas pruebas serían el primer paso, pero que espera que «sirvan también para tener un eventual CBDC en el país, desarrollado con transparencia y con todo el conocimiento en materia de criptomonedas».
El 28 de enero de 2022 la Dian anunció que inició acciones para fiscalizar a los contribuyentes que realicen operaciones con criptoactivos. Con estas acciones se busca establecer un control tributario a los contribuyentes omisos o inexactos que en el impuesto de renta y complementario no registraron los ingresos obtenidos por operaciones con criptomonedas o los registraron de manera inexacta.
Las labores adelantadas hacen parte de la lucha contra la evasión fiscal y otros mecanismos legales de lucha y control contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El intercambio de información es esencial para la fiscalización de contribuyentes, dando relevancia al convenio con la OCDE para la asistencia de información mutua en temas tributarios suscrito entre Colombia y Finlandia.
Afirma la Dian:
En el mencionado convenio, ambas autoridades cooperan con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en operaciones con criptomonedas realizadas en el país, que facilitan el avance y la innovación en acciones de fiscalización tributaria que se ajustan a las nuevas dinámicas en las que operan los contribuyentes.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
