El escenario económico colombiano actual plantea retos y oportunidades, por ello, en el marco del Decreto 046 de 2024, los administradores de compañías del sector privado están en la obligación de tomar decisiones difíciles para sacar a flote sus corporaciones.
En medio de esta coyuntura, la Ley 222 de 1995 introdujo un régimen especial de responsabilidad para los administradores del país, la cual menciona que estos deben actuar con la lealtad, buena fe y diligencia de un buen hombre de negocios, parámetros que en una sola lectura lucen algo abstractos.
En el proceso de cumplir su encargo, un administrador se ve sometido a tomar decisiones y a asumir riesgos calculados. Estas determinaciones conllevan cierto grado de incertidumbre y, como es propio de las decisiones de negocios, el resultado no siempre es favorable para la organización.
Esta norma establece elementos útiles como la denominada regla de la discrecionalidad, que contiene una presunción en favor de la conducta de los administradores en la toma de decisiones de negocios. Este concepto está acompañado de un amplio desarrollo jurisprudencial en Colombia y, más allá de la discusión sobre si era viable introducirlo vía decreto, brinda una oportuna redacción en la que se indica lo siguiente:
En desarrollo del deber de actuar conforme a la diligencia de un buen hombre de negocios contenido en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, las autoridades respetarán el criterio adoptado por los administradores en la toma de decisiones de negocios, por cuanto se entenderá que se adoptaron de buena fe y en el mejor interés de la sociedad, bajo un juicio suficientemente informado. Lo anterior, salvo los casos de mala fe, extralimitación de sus funciones, incumplimiento o violación de la ley o de los estatutos, violación del deber de lealtad o cuando correspondan a una decisión manifiestamente mal informada.
De no existir este criterio, se tendrían administradores reacios a tomar decisiones dentro del ámbito empresarial. En coyunturas como la actual, es necesario contar con administradores que tomen decisiones trascendentales, con vocación de crecimiento contracíclico. Esto sin lugar a duda conlleva un cierto nivel de incertidumbre. Por eso es momento de prepararse, trabajar y seguir avanzando en el propósito de sacar a la nación adelante.
En síntesis, toda determinación difícil implica una renuncia. Es en ese punto donde las decisiones tomadas de buena fe, informadas y con diligencia, no deberían ser sometidas al escrutinio judicial. A pesar de las circunstancias desafiantes, los empresarios deben persistir en sus esfuerzos por prosperar, ya que deben mantenerse en el juego. En este contexto, el Decreto 046 de 2024 ofrece a los administradores la posibilidad de tomar decisiones comerciales, asumiendo los riesgos inherentes y sin temor a enfrentar responsabilidades personales.
Esteban Jiménez
Abogado corporativo y socio de Deloitte Legal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
