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Proponer IVA para el 80 % de los productos de la canasta familiar le pasó la cuenta de cobro al gobierno de Iván Duque en su propósito de lograr un recaudo por 14 billones de pesos a través de la Ley de financiamiento. De esta forma piensan Luis Álvaro Pardo, Daniel Bulla y Gustavo Cote.
La gran apuesta del presidente Iván Duque y del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla era que con la Ley de financiamiento se lograran recaudar 14 billones de pesos para hacerle frente al déficit fiscal en el que está inmerso el país. La estrategia, en un principio, fue la de tocar el bolsillo de los colombianos (la clase media), poniéndole IVA al 80 % de los productos de la canasta familiar. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo eco en medio de la discusión de la ponencia de ley, y terminó cayéndose.
Después de ires y venires, y una vez la Cámara de Representantes dio luz verde para que la Ley de financiamiento fuera un hecho, Carrasquilla advirtió que habría un plan de reducción de gastos, lo que incluye una reforma al sistema de programas sociales gubernamentales. Según él, de la mano de la ley los recursos son inferiores a los esperados por el Gobierno, por lo que vendrán recortes al Presupuesto General de la Nación del 2019.
A través de esta nueva ley, el Gobierno buscará recaudar alrededor de 7,3 billones de pesos, cifra con la que se cubriría parte del faltante fiscal, el cual es cercano a 14 billones de pesos.
Al respecto, Luis Álvaro Pardo, economista y miembro de Justicia Tributaria, afirma en Actualícese que la iniciativa del Gobierno falló en varios puntos.
«Pretender aprobar niveles de tributación como en los países de la OCDE es un despropósito nacional porque los ingresos promedio de los ciudadanos en Colombia están lejos de los ingresos de un ciudadano promedio en un país desarrollado; un ciudadano promedio en un país desarrollado puede pagar tasas más altas de tributación, pero no está preocupado por su acceso a los servicios del Estado, pues ellos son la retribución a su mayor contribución impositiva. En Colombia, los servicios públicos son precarios y buena parte de la tributación se va en corrupción y despilfarro».
Pardo piensa que con los altos niveles de inequidad y pobreza en Colombia gravar la canasta básica es condenar a una buena proporción de la población a una única comida diaria. Además, el economista cree que al socializar el proyecto de financiamiento el Gobierno no pudo ocultar que su interés era ampliar los beneficios tributarios de las grandes empresas, sin revisar los ya existentes, y que lo que ellas dejaban de pagar se lo iban a cobrar a los contribuyentes personas naturales.
Para Pardo, esta reforma tributaria fue entendida por muchos ciudadanos como el incumplimiento de una promesa electoral por parte del presidente Duque. De igual forma, el desgaste y desprestigio del ministro de hacienda derivó en un rechazo a la propuesta inicial. «Eran tan desatinadas algunas propuestas, que una parte de la bancada mayoritaria dio un paso al lado y no apoyó la propuesta original, e incluso impuso algunas de sus propuestas, como la sobretasa al sector financiero», concluye.
William Daniel Bulla Berdugo, gerente de impuestos de BDO Colombia, dice en entrevista con Actualícese que en un país polarizado el tema de gravar el 80 % de la canasta familiar con IVA lógicamente sería “caballo de batalla” para que congresistas y políticos salieran a darse baños de popularidad, atribuyéndose esta caída. «Interpretarlo como una derrota tal vez sea subestimar al Gobierno, pues la falta de debate para no dejar caer la propuesta deja ver que tal vez este era consciente del desenlace de esa propuesta», piensa Bulla.
Para Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la Dian, la propuesta del IVA a la canasta familiar le pasó cuenta de cobro a la Ley de financiamiento. «La medida desde un principio estaba condenada a desaparecer del proyecto. El presidente y el ministro de hacienda, al proponerla, perdieron de vista que con ella se afectaba al grueso de la población colombiana que integra la clase media, la cual había resultado perjudicada en forma sustancial con la anterior reforma tributaria», dice en entrevista con Actualícese.
Sin embargo, para Cote Peña no puede hablarse de una derrota para el Gobierno. Para él, la decisión de retirar la propuesta del proyecto termina beneficiando sus aspiraciones recaudatorias, pues con ella garantiza mantener recursos por 5,2 billones de pesos, que corresponden a los 2,6 billones de pesos que ya no se van a devolver a los pobres y los 2,6 billones de pesos de un punto del IVA que ya no va a perder con una tarifa reducida al 18 %.
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