Myriam Lozano promoverá acciones para que la profesión del contador público se autorregule como en otros países.
Junta Central de Contadores debe separar su función administrativa de la disciplinaria.
Debe defenderse la revisoría fiscal como institución, dotándola de normas que protejan al revisor fiscal.
Continuando con los aspirantes que buscan representar a la contaduría pública en las próximas elecciones del mes de marzo, presentamos la opinión de Myriam Lozano Ángel, candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila, por el partido Centro Esperanza, número 102 en el tarjetón.
Ella también participó en nuestro debate Contadores haciendo política para contadores.
El reconocimiento está dado en la ley por la normatividad que nos rige. Debemos vigilar y controlar las actuaciones de los profesionales para no permitir la mala actuación de nuestros colegas y contribuir de esta manera a combatir la corrupción en el sector público o privado. Así la profesión gana y genera respeto, dejando el camino abierto al progreso con dignidad desde nuestra profesión contable.
Impulsar nuevas oportunidades de empleo a través de generación de nuevas fuentes de trabajo, buscando beneficios tributarios para cambiar impuestos por empleo.
Apoyar la estructuración y control presupuestal para combatir la corrupción. El principal objetivo es defender la profesión del contador público, modernizando y mejorando sus entes de control, que sean más eficientes en el cumplimiento de sus objetivos.
Nosotros como contadores públicos tenemos un alto grado de responsabilidad en el proceso de modernización de las empresas de las cuales conocemos información relevante.
Ante la necesidad de cambio en el modelo económico y la situación de pobreza que estamos viviendo en nuestro país, los invito a contribuir con la modernización y progreso digno que nos permite desarrollar oportunidades de crecimiento y desarrollo contempladas en mi propuesta como candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Huila. Presento el marco estratégico para la estructuración, suscripción y puesta en marcha del “Pacto regional Huila, modelo de bioeconomía, progresemos con dignidad».
Promoveré acciones para que la contaduría pública se autorregule como ocurre en varios países. En el caso de la Junta Central de Contadores –JCC–, debe separarse la función administrativa de expedir la tarjeta profesional de la función disciplinaria propiamente dicha, que es lo que debe hacer la JCC.
Frente a la revisoría fiscal se debe defender la institución como tal, dotándola de herramientas y normas que protejan al revisor fiscal cuando se encuentre en condiciones de riesgo y amenazas por estar en contra y combatiendo la corrupción. Buscar la colaboración efectiva de las autoridades de vigilancia y control.
Los proyectos serán una realidad cuando consulten las necesidades del gremio de los contadores públicos. La mejor forma de venderlos es con una profesión unida en el país, reclamando al Congreso la aprobación de los proyectos
Pienso que es una oportunidad que nos brinda la democracia para exponer nuestras ideas y proyectos, alejados de la corrupción, de las componendas y viejas prácticas antipolíticas que van en contra de la libertad de opinión y la democracia.
Nuestro enfoque es práctico, realista, viable, posible y aplicable, como profesionales de la contaduría pública; sabemos que nuestra profesión está orientada a lograr la transformación económica y social de nuestro departamento, somos quienes tenemos la información de primera mano.
De los que conozco ninguno ha tomado las banderas de la profesión. Sin embargo, algunos pocos como Oscar Darío Pérez, Gabriel Zapata y Elmer Arenas han apoyado temas muy puntuales a la profesión.
La injusticia en todas sus manifestaciones está alineada con temas sociales que preocupan al país. Vemos la falta de la aplicación de forma correcta por parte de quienes administran justicia, estos cometen errores y desaciertos con personas justas y honestas.
Para el caso del contador público, debe garantizarle el debido proceso antes de aplicarle las sanciones tanto administrativas como disciplinarias y penales. Del mismo modo, que goce y esté protegido por un buen sistema de salud y de pensiones.
La problemática que existe en Colombia es de toda la sociedad, por desconfianza y pérdida de valores. Por lo tanto, la sociedad a través de las normas exige que los documentos deben ir refrendados por contador público o revisor fiscal para garantizar la confianza que han depositado en la fe pública del contador y/o revisor fiscal.