Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Miguel Ángel García al hablar de honorarios para contadores públicos se observan tarifas que pasan de las tablas a las necesidades de los profesionales que permiten el regateo de los clientes.
Las facultades de contaduría pública deben pasar por un proceso de depuración.
Miguel Ángel García López, contador público y presidente del Centro de Estudios Grupo de Los 100, afirma que para nadie es un secreto que el tema de los honorarios para contadores públicos por la prestación de servicios profesionales es un detonante de comentarios a través del tiempo.
Se han elaborado tablas de tarifas sugeridas, algunas de las cuales es imposible que implementen los prestadores de tales servicios profesionales, habida cuenta de que para abrir una cuenta de ahorros los bancos piden el certificado firmado por contador público.
García López puntualiza que la situación también sucede con las oficinas de reclutamiento para tasar la cuota de compensación militar o como se dice coloquialmente “pagar la tarjeta militar”.
De acuerdo con las tarifas sugeridas, sería altamente exagerado y hasta inamistoso cobrarle a un empleado o a un aspirante a definir su situación militar, un salario mínimo por un certificado de ingresos.
Para él, vuelve a ser totalmente subjetivo el valor que se cobre por los servicios profesionales. Ahora bien, todo está determinado por la ley de oferta y demanda, aquí actúa nuevamente la mano invisible, la cual recorre los ámbitos del país.
«En el año 1990, cuando se expidió mi tarjeta profesional, éramos 28.698 profesionales inscritos. Ahora, si mis cálculos no fallan, estamos por encima de 302.000 profesionales inscritos, de los cuales, se podría estimar que están en pleno ejercicio un 30 %, es decir, alrededor de 90.000 contadores», calcula.
No obstante, sigue siendo una cifra alta que en su opinión satura el mercado y hace que para ofrecer servicios contables la oferta sea muchísimo más alta que la demanda.
Por lo anterior, sin importar la calidad de los servicios que ofrezca el profesional contable, lo cual en muchas ocasiones no es relevante para los usuarios, «las tarifas se pasean de las tablas sugeridas hacia las necesidades de los profesionales que permiten el regateo de los clientes».
Por lo tanto, establecer una tabla tarifaria, obligatoria o sugerida, para él sigue siendo un canto a la bandera, hasta tanto no se tenga una depuración de las facultades de contaduría y de los proyectos de universidades, centros universitarios o tecnológicos.
«Para muchas entidades que ofrecen la carrera, su concepto se circunscribe a la teneduría de libros o en el lenguaje moderno «digitación de documentos fuente», lo primero que ofrecen en su pénsum es la carrera de Contaduría Pública, complementada con enfermería y técnica dental, sin entrar a demeritar estas dos últimas disciplinas», critica.
A esto se le agrega la obligatoriedad que ha puesto la ley de tener revisor fiscal a cualquier ente público o privado por cumplir con determinadas condiciones.
Por ejemplo, un bien establecido en propiedad horizontal, por el hecho de ser mixto, debe contratar revisor fiscal, sin importar que el único comercio que tiene sea una venta de helados o una fotocopiadora.
«Exigirle a ese ente pagar lo mismo por el servicio de revisoría que una sociedad por acciones, es por demás exagerado, por lo cual cualquier profesional se acogerá a la tarifa establecida por el conjunto», opina.
Consecuencia de ello son la cantidad de quejas que llegan al tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores –JCC–, porque a algunos profesionales, llámese contador o revisor fiscal, presione el pago de sus honorarios reteniendo indebidamente documentos de la entidad.
Para García López está claro que tarifas sí, obligatorias no.
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