Medidas adoptadas para proteger el empleo formal han sido tímidas y se han quedado cortas
12,3 millones de personas estaban ocupadas informalmente en los sectores más vulnerables frente al COVID-19.
El Gobierno debe implementar medidas adicionales de protección al empleo, con énfasis en proteger las empresas formales de menor tamaño y los sectores más expuestos.
12,3 millones de personas estaban ocupadas informalmente en los sectores más vulnerables frente al COVID-19.
El Gobierno debe implementar medidas adicionales de protección al empleo, con énfasis en proteger las empresas formales de menor tamaño y los sectores más expuestos.
Corficolombiana publicó, el 4 de mayo de 2020, el informe Salvaguardar el empleo, en el que se afirma que, de no tomarse acciones de política pública más agresivas para contener la pérdida de empleo a raíz del COVID-19, la tasa de desempleo podría superar fácilmente el 20 %, como ocurrió en la recesión de 1999.
«El mercado laboral colombiano está en riesgo. Solo en marzo se destruyeron 1,6 millones de empleos y la tasa de desempleo aumentó 1,8 puntos porcentuales, a su nivel más alto en más de 10 años», indica la entidad.
Mercado laboral nacional es frágil
El mercado laboral colombiano tiene dos características que lo hacen particularmente vulnerable en la actual coyuntura:
- Un número importante de colombianos están ocupados en micro (menos de 10 empleados) y pequeñas empresas (entre 11 y 50 trabajadores).
- La mayoría de los trabajadores son informales.
Esta estructura hace que el empleo sea más vulnerable en la medida que el número de empresas que son suficientemente productivas para tener una escala de operación grande dentro de la economía formal son minoría, en términos del número de personas que ocupan.
La entidad argumenta que, el año anterior, aproximadamente 15,5 millones de personas trabajaban en mipymes (70 % de los 21,5 millones de ocupados) de los sectores más vulnerables frente a la coyuntura por el COVID-19, y solo una de cada cinco tenía un empleo formal.
«En otras palabras, 12,3 millones de personas estaban ocupadas informalmente en los sectores más vulnerables al COVID-19, y lo más probable es que su subsistencia dependiera de ingresos diarios que dejaron de percibir durante la cuarentena. En este sentido, los subsidios del Gobierno a la población informal parecen ser el mecanismo más adecuado mientras dura la cuarentena, en donde destacamos programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la devolución del IVA del 20 % a hogares con los ingresos más bajos», indica el informe.
Medidas adoptadas hasta ahora para proteger el empleo formal son muy tímidas
Para la entidad, las medidas se quedan cortas ante el desafío que enfrenta la economía colombiana.
«Nos preocupa que los efectos negativos del aislamiento sobre el empleo se vuelvan permanentes si no se actúa con más contundencia en los próximos días. Aunque los programas de garantías gubernamentales a los créditos para mipymes pueden funcionar para el segmento de empresas medianas, hay un desafío relacionado con la baja disposición de asumir el riesgo de los microempresarios, ya que tienen una gran incertidumbre sobre su capacidad de generar ingresos y pagar deudas a corto, e incluso mediano plazo».
Adicionalmente, la asignación de crédito a microempresas no es una tarea fácil, toda vez que muchas carecen de historia crediticia o sistemas robustos de contabilidad y manejo de mitigación de riesgos.
Por estas razones, se piensa desde Corficolombiana, el Gobierno debe implementar medidas adicionales de protección al empleo, con un énfasis en proteger a las empresas formales de menor tamaño y que se encuentren en los sectores más expuestos.
Sectores vulnerables
El informe indica que los sectores más vulnerables son hoteles y restaurantes, comercio y entretenimiento. A su vez, entre los sectores con más empleados vulnerables están la construcción, la industria y el sector agropecuario e inmobiliario.
Por otra parte, los de menor vulnerabilidad son las actividades financieras, de servicios públicos y de administración pública. Entre las actividades con menor riesgo están los servicios financieros y servicios públicos, y las comunicaciones, ya que han mantenido su operación y son sectores con una alta estabilidad y formalidad.